REVISTA  
Vol. N° 19 | Junio 2026  
FACULTAD DE  
JURISPRUDENCIA  
PONTIFICIA UNIVERSIDAD  
e-ISSN: 2588-0837  
RFJ CATÓLICA DEL ECUADOR  
®
www.revistarfjpuce.edu.ec  
https://doi.org/10.26807/rfj.v1n19.574  
Radiografía constituyente: descripción  
de las arenas políticas, institucionales y  
sociales de los procesos constituyentes  
Constituent radiography: A description of the political,  
institutional, and social arenas of constituent processes  
Fernando Esteban Ochoa Rodríguez  
Universidad de Cuenca  
0000-0002-4768-3828  
Lucía Eugenia Abad Quevedo  
Universidad de Cuenca  
0009-0007-0307-088X  
Resumen  
La presente investigación analiza comparativamente los proce-  
sos constituyentes latinoamericanos desarrollados entre 1990 y  
2022, mediante una propuesta metodológica denominada “ra-  
diografía constituyente”. El estudio parte de la premisa de que  
los procesos constituyentes no pueden comprenderse única-  
mente desde el texto constitucional final, sino también desde las  
dinámicas políticas, institucionales y sociales que configuran el  
ejercicio del poder constituyente. Con este propósito, la investi-  
gación organiza el análisis en tres arenas interrelacionadas: la  
arena política, vinculada a las correlaciones de poder y contex-  
tos de crisis; la arena institucional, relacionada con el diseño de  
los órganos redactores y las reglas de deliberación; y la arena  
social, centrada en la participación ciudadana y la legitimidad  
democrática. Metodológicamente, el trabajo adopta una estra-  
Envío: 22/05/2026 | Aceptación: 20/06/2026 | Publicación: 30/06/2026  
43-84  
Forma sugerida de citar: Ocho Rodríguez, F. y Abad Quevedo, L. (2026). Radiografía constituyente:  
descripción de las arenas políticas, institucionales y sociales de los procesos constituyentes. Revista  
Facultad de Jurisprudencia, 2026(19), pp. 43–84. https://doi.org/10.26807/rfj.v1n19.574  
Derechos de autor: © los/as autores/as.  
RFJ - Revista Facultad de Jurisprudencia  
e-ISSN: 2588-0837 | Vol. N° 19 | Junio 2026  
tegia comparativa aplicada a los casos de Colombia, Argentina,  
Venezuela, Bolivia, Ecuador y Chile. Los hallazgos muestran  
que América Latina se consolidó como uno de los principales  
espacios de experimentación constitucional contemporánea,  
aunque con configuraciones heterogéneas entre modelos plura-  
listas, pactados, polarizados y hegemónicos de organización del  
poder constituyente.  
Palabras clave: procesos constituyentes, poder constituyente, cons-  
titucionalismo latinoamericano, participación ciudadana, legitimi-  
dad democrática, diseño institucional.  
Abstract  
This research comparatively analyzes Latin American consti-  
tution-making processes developed between 1990 and 2022,  
through a methodological proposal called “constitutional radi-  
ography”. The study argues that constitution-making processes  
cannot be understood solely through constitutional texts, but  
also through the political, institutional, and social dynamics  
shaping constituent power. The analysis is organized around  
three interrelated arenas: the political arena, linked to power  
relations and crisis contexts; the institutional arena, focused on  
drafting bodies and deliberative rules; and the social arena, cen-  
tered on citizen participation and democratic legitimacy. Meth-  
odologically, the study adopts a comparative approach applied to  
the cases of Colombia, Argentina, Venezuela, Bolivia, Ecuador  
and Chile. The findings show that Latin America became one  
of the main laboratories of contemporary constitutional experi-  
mentation, although with heterogeneous configurations ranging  
from pluralist and negotiated models to polarized and hegemon-  
ic forms of constituent power organization.  
Keywords: Constitution-making processes, constituent power, Lat-  
in American constitutionalism, citizen participation, democratic  
legitimacy, institutional design.  
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Radiografía constituyente: descripción de las arenas políticas,  
institucionales y sociales de los procesos constituyentes  
1. Introducción  
La presente investigación parte de una pregunta central: ¿qué patrones de or-  
ganización política, institucional y social caracterizan a los procesos consti-  
tuyentes latinoamericanos posteriores a 1990? Esta interrogante adquiere es-  
pecial relevancia en el contexto del denominado Nuevo Constitucionalismo  
Latinoamericano, ciclo regional de transformación constitucional que modi-  
ficó no solo el contenido normativo de las constituciones, sino también las  
formas de legitimación democrática, representación política, participación  
ciudadana y organización del poder constituyente. Desde la Constitución co-  
lombiana de 1991 hasta el proceso chileno de 2021–2022, América Latina se  
convirtió en uno de los principales laboratorios globales de experimentación  
constitucional contemporánea, al desplazar el eje del constitucionalismo clá-  
sico centrado exclusivamente en la limitación del poder hacia modelos orien-  
tados a la inclusión social, la ampliación de derechos y la democratización de  
la deliberación constituyente.  
A diferencia de las aproximaciones metodológicas tradicionales dominantes  
en el derecho constitucional comparado —los cuales han tendido a evaluar  
los procesos constituyentes mediante análisis puramente “textocéntricos” o  
formalismos jurídicos ex post—, este estudio asume que el examen aislado de  
las cláusulas normativas resulta insuficiente para dar cuenta de las verdaderas  
condiciones de resiliencia, viabilidad y legitimidad de un orden democrático  
emergente. Las aproximaciones convencionales fallan al omitir que el diseño  
formalizado en la “sala de máquinas” de una constitución es el resultado con-  
tingente de transacciones fácticas, presiones callejeras y asimetrías de poder  
que se desenvuelven de forma simultánea en la periferia de las asambleas.  
En este contexto, la investigación propone como herramienta metodológica la  
noción de “radiografía constituyente”, entendida como un modelo descriptivo  
de análisis orientado a descomponer comparativamente los procesos consti-  
tuyentes en distintas arenas interrelacionadas. La idea de radiografía consti-  
tuyente parte de una premisa central: los procesos constituyentes son fenó-  
menos multidimensionales que no pueden ser explicados desde una única  
variable jurídica, política o sociológica. Por el contrario, su comprensión re-  
quiere observar simultáneamente las dinámicas que operan en tres dimensio-  
nes fundamentales: la arena política, la arena institucional y la arena social.  
La arena política se refiere a las correlaciones de poder, sistemas de partidos,  
liderazgos, coaliciones y contextos de crisis que condicionan el surgimiento y  
funcionamiento del proceso constituyente. La arena institucional examina las  
reglas procedimentales, los tipos de órganos redactores, los mecanismos de  
representación, los sistemas electorales, los cuórum de decisión y la arquitec-  
tura organizativa que estructura la deliberación constitucional. Finalmente, la  
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arena social aborda las dinámicas de participación ciudadana, movilización  
colectiva, deliberación pública, transparencia y legitimidad democrática que  
rodean y condicionan el proceso constituyente.  
La utilidad analítica de esta radiografía radica en permitir una observación in-  
tegrada del poder constituyente contemporáneo. A diferencia de aproximacio-  
nes centradas exclusivamente en el contenido normativo de las constituciones  
o en explicaciones puramente institucionalistas, el modelo permite identificar  
cómo interactúan simultáneamente factores políticos, reglas institucionales y  
dinámicas sociales en la configuración del cambio constitucional. Desde esta  
perspectiva, las constituciones no aparecen únicamente como textos jurídi-  
cos, sino como productos contingentes de determinadas configuraciones de  
poder, mecanismos deliberativos y procesos de legitimación democrática.  
La investigación sostiene que los procesos constituyentes latinoamericanos  
posteriores a 1990 comparten ciertos patrones estructurales recurrentes. En  
la arena política, emerge una tendencia regional vinculada a crisis de repre-  
sentación, debilitamiento de sistemas partidarios tradicionales y aparición de  
liderazgos o coaliciones con pretensiones refundacionales que apelan al “po-  
der constituyente originario” como mecanismo de reorganización estatal. En  
la arena institucional, se observa la expansión de mecanismos extraordinarios  
de producción constitucional mediante asambleas constituyentes, convencio-  
nes especializadas y procedimientos participativos orientados a reforzar legi-  
timidad democrática. Por su parte, en la arena social, el rasgo distintivo es la  
creciente institucionalización de la participación ciudadana y la ampliación  
de mecanismos de deliberación pública, inclusión territorial y representación  
identitaria.  
No obstante, la investigación también demuestra que estas tendencias regio-  
nales no produjeron un modelo homogéneo de constitucionalismo. Los ca-  
sos latinoamericanos exhiben configuraciones profundamente diferenciadas  
entre pluralismo y hegemonía, negociación y polarización, apertura parti-  
cipativa y concentración decisional. Precisamente por ello, la radiografía  
constituyente busca evitar interpretaciones lineales o normativas del Nuevo  
Constitucionalismo Latinoamericano, al proponer en cambio un enfoque  
comparativo orientado a identificar regularidades, tensiones y divergencias  
dentro de un mismo ciclo regional de transformación constitucional.  
Metodológicamente, la investigación adopta una estrategia comparativa de  
análisis anidado. En una primera etapa, se construye un universo amplio de  
procesos constituyentes desarrollados entre 1990 y 2021 en distintas regio-  
nes del mundo, con el objetivo de contextualizar el ciclo constituyente con-  
temporáneo y justificar comparativamente la centralidad de América Latina  
como espacio de experimentación constitucional. Posteriormente, el estudio  
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Radiografía constituyente: descripción de las arenas políticas,  
institucionales y sociales de los procesos constituyentes  
desarrolla una subselección analítica de casos latinoamericanos integrada por  
Colombia (1991), Argentina (1994), Venezuela (1999), Bolivia (2009), Ecuador  
(2008) y Chile (2021), escogidos por presentar variaciones relevantes en térmi-  
nos de fragmentación política, diseño institucional, composición ideológica y  
mecanismos de participación social.  
A partir de este diseño metodológico, el trabajo se estructura en cuatro gran-  
des apartados. El primero desarrolla el marco conceptual y la propuesta meto-  
dológica de la radiografía constituyente, define las arenas de análisis y justifica  
la selección comparativa de casos. El segundo examina la arena política, ana-  
liza el contexto de origen de los procesos constituyentes, los mecanismos de  
convocatoria y la composición ideológica de las asambleas. El tercero aborda  
la arena institucional, estudia los tipos de órganos redactores, los sistemas de  
representación, las reglas de deliberación y decisión, y las formas de organiza-  
ción interna de los procesos constituyentes. El cuarto analiza la arena social,  
centrándose en los mecanismos de participación ciudadana, deliberación pú-  
blica, inclusión de actores colectivos y construcción de legitimidad democrá-  
tica. Finalmente, el estudio presenta una reflexión comparativa orientada a  
identificar patrones regionales de organización del poder constituyente y eva-  
luar las tensiones estructurales que caracterizan al constitucionalismo latinoa-  
mericano contemporáneo.  
2. Propuesta metodológica: la radiografía constituyente  
como modelo descriptivo de análisis  
El proceso constituyente puede entenderse como el conjunto de dinámicas  
políticas, institucionales y sociales mediante las cuales se delibera, redacta  
y aprueba una nueva constitución, o bien se transforma sustancialmente el  
orden constitucional existente. Desde esta perspectiva, el análisis constitucio-  
nal no debe limitarse exclusivamente al texto final aprobado, sino incorporar  
las condiciones políticas de origen del proceso, las reglas institucionales que  
estructuran la deliberación y los mecanismos de participación y legitimidad  
social que acompañan la construcción del nuevo pacto constitucional.  
La literatura especializada ha destacado que los procesos constituyentes cons-  
tituyen escenarios extraordinarios de negociación y deliberación política  
(Elster, 1995), mecanismos de transformación constitucional regulada (Arato,  
2017) y arenas estratégicas, donde distintos actores negocian instituciones  
bajo determinadas correlaciones de poder (Negretto, 2020). Asimismo, diver-  
sos estudios han subrayado que los niveles de inclusión, participación y legi-  
timidad social resultan variables centrales para comprender el desarrollo y  
los resultados de los procesos constituyentes contemporáneos (Lerner, 2011;  
Landau, 2013).  
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Para superar el carácter fragmentario de estas investigaciones previas —que  
suelen aislar la sociología de la protesta del diseño técnico electoral—, el pre-  
sente manuscrito ha revisado sistemáticamente las contribuciones de autores  
clásicos sobre el diseño institucional (Lutz, 1994; Elkins et al., 2009) y el cam-  
bio de regímenes (Gargarella, 2013; Negretto, 2020). El examen crítico de esta  
literatura revela un vacío metodológico persistente: la falta de una categoría  
heurística unificada que evalúe cómo las reglas de la asamblea reconfiguran  
la movilización de la calle. Por tanto, la presente investigación concibe la ca-  
tegoría de “arena” no como una mera metáfora descriptiva, sino como una  
herramienta analítica indispensable para operacionalizar las tensiones mu-  
tuas entre el poder de facto y la validez formal, esto facilita una observación  
tridimensional del ejercicio del poder constituyente.  
En este marco, la presente investigación concibe el proceso constituyente  
como un fenómeno multidimensional integrado por arenas políticas, institu-  
cionales y sociales interrelacionadas, cuya observación comparada permite  
comprender no solo el contenido normativo de las nuevas constituciones, sino  
también las dinámicas de configuración y ejercicio del poder constituyente.  
Los elementos que integran los procesos constituyentes no deben entenderse  
como variables aisladas o independientes, sino como componentes dinámi-  
cos que adquieren significado dentro de las distintas arenas constituyentes. La  
noción de arena funciona aquí como un marco topológico y analítico donde  
elementos como el tipo de órgano redactor, las reglas de votación o los meca-  
nismos de participación interactúan entre sí para configurar una determinada  
arquitectura del poder constitucional.  
En consecuencia, existe una relación de interdependencia constitutiva entre  
los elementos estructurales y las arenas analíticas. Mientras los primeros re-  
presentan unidades concretas de diseño institucional, las arenas constituyen  
el espacio heurístico en el cual dichos elementos adquieren sentido político,  
institucional y social. Esta aproximación permite observar que las decisiones  
procedimentales no son neutrales, sino que producen efectos específicos so-  
bre la distribución del poder, los incentivos de negociación y la legitimidad del  
proceso constituyente.  
Todo proceso constituyente se materializa, primordialmente, en la definición  
del órgano encargado de redactar el nuevo texto constitucional y de sus com-  
ponentes internos, elementos que constituyen el núcleo de la arena institucio-  
nal. En el constitucionalismo latinoamericano posterior a 1990, la selección  
del órgano redactor no constituye una decisión meramente técnica, sino una  
definición profundamente política que determina el grado de continuidad o  
ruptura con el orden constitucional previo.  
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Radiografía constituyente: descripción de las arenas políticas,  
institucionales y sociales de los procesos constituyentes  
La distinción entre transformación constitucional ordinaria y extraordinaria  
resulta, en este sentido, central para el estudio de las transiciones institucio-  
nales. El cambio constitucional de carácter ordinario se desarrolla dentro de  
las cláusulas de reforma previstas por la propia constitución vigente. Estos  
procedimientos suelen incorporar salvaguardas complejas —como cuórum  
calificados, mecanismos bicamerales sucesivos y consultas populares ratifi-  
catorias— destinadas a impedir que mayorías parlamentarias circunstanciales  
alteren fácilmente la norma fundamental (Elkins et al., 2009; Lutz, 1994). Bajo  
esta lógica, el reformismo ordinario responde a una visión evolutiva y raciona-  
lista del constitucionalismo, donde la modificación institucional opera como  
un proceso incremental administrado por los poderes constituidos y sujeto al  
principio de legalidad.  
Dentro del derecho constitucional comparado, los órganos redactores pueden  
clasificarse, principalmente, en cuatro modalidades: i) legislaturas ordinarias  
o parlamentos que operan mediante procedimientos rígidos de reforma; ii)  
congresos constituyentes de mandato dual que legislan y reforman simultá-  
neamente; iii) comisiones técnicas de expertos designadas por el poder cons-  
tituido; y iv) asambleas o convenciones constituyentes de mandato exclusivo y  
carácter ad hoc (Negretto, 2020).  
A partir de esta clasificación, puede sostenerse que las asambleas constituyen-  
tes representan la expresión más excepcional del poder constituyente, tanto  
desde una perspectiva teórica como histórica. Mientras la producción cons-  
titucional ordinaria suele canalizarse mediante legislaturas preexistentes o  
comisiones técnicas orientadas a preservar la continuidad institucional y la  
estabilidad de las élites políticas, la asamblea constituyente irrumpe como un  
órgano temporal, extraordinario y dotado de un mandato exclusivo de crea-  
ción constitucional. Su excepcionalidad radica en que reclama una conexión  
directa con el “poder constituyente originario”; es decir, suspende parcial-  
mente la lógica de las instituciones constituidas para refundar el orden políti-  
co desde una legitimidad situada fuera del sistema previo (Arato, 2017).  
Precisamente por esta naturaleza extraordinaria, la asamblea constituyen-  
te se convierte en una unidad de análisis metodológicamente privilegiada  
para el estudio de las arenas constituyentes. Su carácter ad hoc y su relativa  
desvinculación de las burocracias parlamentarias tradicionales permiten  
observar de manera concentrada la interacción entre las dimensiones políticas,  
institucionales y sociales del proceso constituyente.  
Los componentes internos de los órganos redactores constituyen aquello  
que Gargarella (2013) denomina la “sala de máquinas” de la constitución;  
es decir, la estructura organizativa desde la cual se distribuye y ejerce efec-  
tivamente el poder político. La magnitud del órgano constituye un elemento  
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particularmente relevante. Órganos amplios —como los de Argentina (1994)  
o Bolivia (2009)— favorecen mayores niveles de representación descriptiva y  
pluralismo político, aunque también pueden fragmentar la deliberación y difi-  
cultar la construcción de consensos. En contraste, órganos más reducidos fa-  
cilitan la coordinación técnica y la negociación política, pero corren el riesgo  
de ser percibidos como espacios elitistas o insuficientemente representativos  
dentro de la arena social.  
De igual manera, la incorporación de mecanismos innovadores —como la pa-  
ridad de género o los escaños reservados para pueblos indígenas— transforma  
sustancialmente la lógica de representación constituyente, al desplazar par-  
cialmente el eje de intermediación desde los partidos tradicionales hacia iden-  
tidades colectivas, movimientos sociales y actores históricamente excluidos  
del sistema político.  
Estos componentes internos se articulan mediante comisiones temáticas, me-  
sas directivas y estructuras organizativas que ordenan el flujo deliberativo y ca-  
nalizan las demandas provenientes de la arena política y social. Como sostie-  
ne Negretto (2020), la eficacia de la arena institucional depende en gran medida de  
la capacidad de estas estructuras para procesar el pluralismo político sin derivar  
en bloqueo o captura hegemónica. Así, por ejemplo, un sistema de representación  
proporcional puede ampliar el pluralismo del órgano constituyente, pero requiere  
reglas decisionales robustas que eviten la imposición de mayorías circunstanciales  
o la fragmentación extrema de la deliberación.  
En este sentido, el estudio de los tipos y componentes de los órganos redac-  
tores mediante la radiografía constituyente permite evidenciar cómo la con-  
figuración orgánica del proceso condiciona la posibilidad de construir pactos  
constitucionales estables y legítimos. La forma institucional no constituye úni-  
camente un diseño técnico, sino la cristalización de relaciones de poder sedi-  
mentadas políticamente.  
El denominado nuevo constitucionalismo latinoamericano ha sido asociado con  
procesos de crisis de representación, expansión de mecanismos participativos,  
reconfiguración del poder constituyente y reconocimiento ampliado de dere-  
chos colectivos y sociales (Viciano y Martínez, 2010; Gargarella, 2013). Sin em-  
bargo, se ha advertido que este fenómeno no configura un modelo homogéneo  
de constitucionalismo, sino un conjunto heterogéneo de experiencias atravesa-  
das por diferentes niveles de pluralismo político, concentración presidencial,  
movilización social y diseño institucional (Landau, 2013; Negretto, 2020).  
Desde esta perspectiva, más que un paradigma uniforme, el nuevo constitu-  
cionalismo latinoamericano puede entenderse como un ciclo regional de re-  
configuración constitucional caracterizado por la utilización de mecanismos  
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Radiografía constituyente: descripción de las arenas políticas,  
institucionales y sociales de los procesos constituyentes  
extraordinarios de cambio constitucional, altos niveles de politización consti-  
tuyente y nuevas formas de articulación entre representación, participación y  
legitimidad democrática.  
En este contexto conceptual, la presente investigación propone una herra-  
mienta metodológica denominada “radiografía constituyente”, orientada a  
descomponer comparativamente los procesos constituyentes en tres arenas  
interrelacionadas —política, institucional y social. Esta aproximación permite  
observar no únicamente el contenido normativo final de las constituciones,  
sino también las dinámicas de configuración, deliberación y legitimación del  
poder constituyente.  
2.1 La lógica de las “arenas constituyentes” como categoría de  
análisis  
La literatura especializada sobre procesos constituyentes ha señalado que la  
elaboración constitucional constituye un fenómeno multidimensional que no  
puede ser explicado únicamente desde una perspectiva estrictamente jurídi-  
ca o normativa. Por el contrario, los procesos constituyentes involucran di-  
námicas políticas, institucionales y sociales que interactúan simultáneamente  
durante la configuración de un nuevo orden constitucional. En este marco,  
la presente investigación utiliza la noción de “arenas constituyentes” como ca-  
tegoría analítica orientada a describir los distintos espacios de interacción y  
disputa presentes en los procesos de cambio constitucional contemporáneo.  
Desde la teoría política y el constitucionalismo comparado, diversos auto-  
res han destacado que los procesos constituyentes operan como escenarios  
complejos de negociación entre actores políticos, instituciones y fuerzas so-  
ciales. Elster (1995) sostiene que los procesos de elaboración constitucional  
constituyen espacios extraordinarios de deliberación condicionados por reglas  
institucionales, mecanismos de negociación y correlaciones de poder. En este  
sentido, Negretto (2020) señala que los procesos constituyentes funcionan como  
arenas estratégicas donde distintos actores políticos negocian instituciones  
constitucionales bajo determinados incentivos y restricciones políticas.  
Con el fin de operacionalizar la propuesta de “radiografía constituyente”, la  
investigación desagrega el análisis en tres arenas constituyentes —política,  
institucional y social—, cada una observada mediante indicadores específicos  
construidos a partir de fuentes secundarias estandarizadas y literatura espe-  
cializada. La arena política se mide mediante variables asociadas al contexto  
de origen del proceso constituyente, el mecanismo de convocatoria, la frag-  
mentación partidaria y la composición ideológica de los órganos redactores.  
51  
La arena política considera la orientación ideológica de las asambleas. Para  
ello, se utilizan datos provenientes de Varieties of Democracy (V-Dem), fuentes  
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electorales oficiales y estudios comparados sobre procesos constituyentes. La  
arena institucional se operacionaliza mediante indicadores relativos al diseño  
y funcionamiento del órgano constituyente, estos incluyen tipo de instancia  
redactora, tamaño de la asamblea, sistema electoral, mecanismos de repre-  
sentación, reglas de deliberación, cuórum de decisión, duración del proceso  
y mecanismos de ratificación constitucional. Estos datos son obtenidos prin-  
cipalmente del Comparative Constitutions Project (CCP), de la normativa consti-  
tuyente de cada país y de estudios especializados sobre diseño constitucional  
comparado. La medición permite identificar distintos modelos institucionales  
de organización del poder constituyente, diferencian configuraciones pluralis-  
tas, pactadas, polarizadas o hegemónicas.  
Por su parte, la arena social se evalúa a partir de los niveles de participación  
ciudadana, inclusión de actores colectivos, mecanismos deliberativos y legi-  
timidad democrática del proceso. Esta dimensión incorpora categorías como  
existencia de cabildos, audiencias públicas, iniciativas populares de norma,  
consultas indígenas, mecanismos digitales de participación y procedimientos  
de transparencia. De esta manera, la investigación combina evidencia institu-  
cional, política y social para construir una caracterización multidimensional  
de los procesos constituyentes latinoamericanos.  
2.2 Presentación de los casos seleccionados  
Metodológicamente, la investigación desarrolla una estrategia de construcción  
amplia del universo de casos seguida de una subselección comparativa de ex-  
periencias relevantes para el análisis descriptivo. Este diseño responde a una  
lógica de análisis anidado y de comparación en dos etapas (two-step comparati-  
ve design)1, utilizada en estudios comparados para articular niveles amplios de  
observación con análisis más focalizados de casos específicos.  
En una primera etapa, el estudio identifica procesos constituyentes desarrolla-  
dos entre 1990 y 2021 en distintas regiones del mundo, incluyendo experiencias  
de África, América, Europa y Asia. Esta identificación amplia de casos permi-  
te construir un universo descriptivo inicial orientado a contextualizar el ciclo  
constituyente contemporáneo y observar la diversidad de mecanismos institu-  
cionales utilizados para la elaboración constitucional, tales como asambleas  
constituyentes, congresos constituyentes, convenciones constitucionales y co-  
misiones especializadas. La construcción de este universo inicial no persigue  
1
Nota metodológica sobre la recolección de datos y delimitación de casos: Con el fin de salva-  
guardar el rigor empírico de esta investigación, se explicita formalmente que la presente sección  
comparativa y el vaciado de las variables institucionales se sustentan estrictamente en el proce-  
samiento analítico de fuentes secundarias validadas a nivel global (tales como las bases de datos  
de Varieties of Democracy Institute, Freedom House y el Comparative Constitutions Project), datos obte-  
nidos tras la revisión de literatura especializada, Fuente (2023) y Drake (2009), y no a un proceso  
de levantamiento de datos primarios propios.  
52  
Radiografía constituyente: descripción de las arenas políticas,  
institucionales y sociales de los procesos constituyentes  
desarrollar un análisis estadístico de gran escala, sino establecer un marco  
comparativo general que permita ubicar las experiencias latinoamericanas  
dentro de un fenómeno global más amplio de transformación constitucional.  
Esta primera aproximación responde a la necesidad metodológica de evitar se-  
lecciones arbitrarias de casos y de justificar comparativamente la focalización  
regional posterior. En este sentido, la estrategia de amplitud inicial permite  
identificar tendencias generales del constitucionalismo contemporáneo y re-  
conocer la relevancia particular de América Latina dentro del ciclo constitu-  
yente desarrollado desde la década de 1990.  
Tabla1. Procesos Constituyentes desde 1990 hasta la actualidad  
Continente  
País  
Año  
1992  
1996  
1996  
2011  
2005  
2010  
2014  
1996  
2012  
2003  
1994  
1994  
2006  
1991  
2021  
1998  
2008  
1995  
1992  
1993  
1992  
1999  
Instancia redactora  
África  
Angola  
Argelia  
Congreso  
Comisión  
Comisión  
Comisión  
Comisión  
Comisión  
Marruecos  
Marruecos  
Kenia  
Kenia  
Túnez  
Asamblea constituyente  
Congreso  
Sudáfrica  
Somalia  
Ruanda  
Argentina  
Bolivia  
Comisión  
Comisión  
América  
Asamblea constituyente  
Congreso  
Bolivia  
Asamblea constituyente  
Asamblea constituyente  
Convención Constituyente  
Asamblea constituyente  
Asamblea constituyente  
Congreso  
Colombia  
Chile  
Ecuador  
Ecuador  
Nicaragua  
Paraguay  
Perú  
Congreso constituyente  
Congreso constituyente  
Asamblea constituyente  
Asamblea constituyente  
El Salvador  
Venezuela  
53  
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Continente  
País  
Croacia  
Año  
2000  
2008  
1993  
1997  
2011  
1999  
1993  
2008  
2005  
1993  
-
Instancia redactora  
Europa  
Congreso  
Comisión  
Congreso  
Congreso  
Kosovo  
República Checa  
Polonia  
Islandia  
Suiza  
Mezcla aleatoria / asamblea constituyente  
Comisión  
Rusia  
Comisión  
Asia  
Nepal  
Asamblea constituyente  
Congreso constituyente  
Comisión  
Irak  
Rusia  
Oceanía  
-
-
Fuente: Elaboración Propia basada en Drake (2009) y en Comparative Constitutions Project (Elkins  
et al., 2009)  
En una segunda etapa, la investigación desarrolla una subselección analítica de  
casos latinoamericanos. Esta selección responde a la lógica metodológica del di-  
señodesistemasmásdiferentes(MostDifferentSystemsDesignoMDSD), orientada  
a capturar la máxima varianza en las dinámicas y resultados de las arenas  
constituyentes. Los casos seleccionados —Colombia (1991), Argentina (1994),  
Venezuela (1999), Bolivia (2009), Ecuador (2008) y Chile (2021)— no constituyen  
meras unidades geográficas de conveniencia, sino configuraciones teóricas y  
paradigmáticas que ilustran de forma diferencial la interacción entre el poder  
de facto y la formalización institucional del poder constituyente post-1990.  
Negretto (2020) sostiene que los procesos constituyentes latinoamericanos  
posteriores a 1990 constituyen escenarios especialmente relevantes para el  
análisis comparado, debido a la diversidad de arreglos institucionales y co-  
rrelaciones políticas presentes en sus órganos redactores. De forma comple-  
mentaria, Gargarella (2013) argumenta que las reformas constitucionales de la  
región reflejan distintas modalidades de reorganización del poder político y de  
articulación entre representación, participación y conflicto. En una línea simi-  
lar, Viciano y Martínez (2010) identifican la emergencia de un “nuevo constitu-  
cionalismo latinoamericano”, caracterizado por altos niveles de politización y  
transformación institucional.  
Entonces, la selección de casos responde a una estrategia de comparación orien-  
tada por criterios teóricos y no exclusivamente cronológicos o geográficos. En la  
misma lógica del diseño de sistemas más diferentes, el objetivo no consiste en  
incorporar todos los procesos de cambio constitucional ocurridos en América  
54  
Radiografía constituyente: descripción de las arenas políticas,  
institucionales y sociales de los procesos constituyentes  
Latina después de 1990 sino identificar aquellos casos que, pese a presentar tra-  
yectorias políticas distintas, permiten observar de manera comparable la interac-  
ción entre las arenas política, institucional y social que conforman la radiografía  
constituyente propuesta. Como señalan Gerring (2007) y George y Bennett (2005),  
la selección de casos en estudios comparados debe responder a la capacidad de los  
casos para representar adecuadamente las dimensiones analíticas de interés y no  
únicamente a criterios de disponibilidad o proximidad temporal.  
Desde esta perspectiva, la investigación distingue entre procesos de reforma cons-  
titucional ordinaria y procesos constituyentes extraordinarios. Como sostiene  
Arato (2017), los procesos constituyentes adquieren relevancia analítica cuando  
generan espacios institucionales relativamente autónomos respecto de los pode-  
res constituidos y habilitan mecanismos excepcionales de deliberación constitu-  
cional. De forma similar, Elster (1995) argumenta que las asambleas constituyen-  
tes constituyen escenarios específicos de negociación política cuyas dinámicas  
difieren sustancialmente de aquellas desarrolladas en legislaturas ordinarias.  
Por ello, la presente investigación privilegia aquellos casos donde el ejercicio del  
poder constituyente se materializó mediante órganos especialmente convocados  
para redactar o redefinir el orden constitucional, esto permite observar de forma  
diferenciada las dinámicas de representación, deliberación y legitimación.  
Bajo este criterio, se excluye el proceso ecuatoriano de 1997–1998. Aunque for-  
malmente fue desarrollado mediante una Asamblea Nacional Constituyente, di-  
versos estudios lo caracterizan como un proceso de reforma pactada impulsado  
por las élites políticas tradicionales tras la crisis derivada de la destitución de  
Abdalá Bucaram (Andrade, 2009; Pachano, 2010). A diferencia de la Asamblea de  
Montecristi de 2007–2008, el proceso de 1997 no estuvo asociado a una ruptura  
refundacional ni a una reconfiguración sustantiva de las relaciones entre Estado y  
sociedad, sino a una estrategia de estabilización institucional desarrollada dentro  
de los márgenes del sistema político existente. En términos de la radiografía cons-  
tituyente, la variación observable en las arenas política y social resulta considera-  
blemente menor que la presente en los casos seleccionados.  
Por razones similares, se excluye la reforma constitucional boliviana de 1994.  
Aunque introdujo innovaciones relevantes en materia de descentralización y par-  
ticipación municipal, el proceso fue conducido a través del Congreso Nacional y  
utilizó los procedimientos de reforma previstos por el orden constitucional vigen-  
te. En consecuencia, la arena institucional permaneció subordinada a los poderes  
constituidos y no generó un órgano constituyente autónomo susceptible de ser  
comparado con las experiencias de Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia 2006–  
2009 o Chile. Como señalan Negretto (2020) y Ginsburg, et al. (2009), las dinámicas  
de negociación desarrolladas en órganos legislativos ordinarios responden a in-  
centivos institucionales distintos de aquellos presentes en procesos constituyen-  
tes extraordinarios.  
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Asimismo, se excluyen Nicaragua (1995), Paraguay (1992) y Perú (1993). Aunque  
estos casos implicaron transformaciones constitucionales significativas, fueron  
desarrollados principalmente mediante congresos constituyentes o mecanismos  
fuertemente vinculados a las estructuras institucionales preexistentes. Desde la  
perspectiva de la radiografía constituyente, estos casos presentan una menor di-  
ferenciación entre arena política y arena institucional, ya que los actores encar-  
gados de redactar la constitución eran, en gran medida, los mismos actores que  
controlaban las instituciones ordinarias del Estado. Como sostiene Elster (1995),  
la capacidad analítica de los procesos constituyentes aumenta cuando existe una  
separación observable entre las instituciones encargadas de producir la constitu-  
ción y aquellas encargadas de gobernar bajo el orden vigente.  
Por otra parte, aunque El Salvador (1992) presenta mayores similitudes institucio-  
nales con algunos de los casos seleccionados, su inclusión habría introducido una  
trayectoria causal distinta asociada principalmente a la terminación negociada de  
un conflicto armado interno. Diversos estudios sobre cambio constitucional seña-  
lan que los procesos de construcción constitucional derivados de acuerdos de paz  
responden a incentivos institucionales específicos, vinculados a la resolución de  
conflictos y al reparto de poder entre actores beligerantes (Arato, 2017; Landau,  
2013). En consecuencia, la incorporación de este caso habría reducido la com-  
parabilidad analítica con los procesos constituyentes latinoamericanos impulsa-  
dos por crisis de representación, movilización social o proyectos de refundación  
estatal.  
En síntesis, la selección final de Colombia (1991), Argentina (1994), Venezuela  
(1999), Bolivia (2006–2009), Ecuador (2007–2008) y Chile (2021–2022) responde a  
una estrategia de comparación teóricamente orientada que maximiza la variación  
en las arenas política, institucional y social, mantienen simultáneamente una re-  
lativa homogeneidad regional. Los casos escogidos representan distintas configu-  
raciones del poder constituyente contemporáneo —pluralistas, pactadas, polariza-  
das y hegemónicas— y permiten observar con mayor claridad los mecanismos que  
estructuran la organización y legitimación de los procesos constituyentes latinoa-  
mericanos (Drake, 2009).  
La delimitación geográfica de esta investigación se justifica empírica y teórica-  
mente al identificar a América Latina como el escenario global de mayor activi-  
dad y experimentación constitucional contemporánea. A diferencia de Europa  
Occidental —donde la estabilidad del diseño institucional ha vuelto excepcio-  
nal el reemplazo de textos fundamentales—, o de los procesos en Europa del  
Este post-soviética —ampliamente condicionados por lógicas de armonización  
jurídica supranacional orientadas a la adhesión a la Unión Europea—, América  
Latina se presenta como un laboratorio endógeno de transformación institu-  
cional radical. Datos del proyecto Comparative Constitutions Project (Elkins et  
al., 2009) demuestran que las constituciones de la región poseen una esperanza  
56  
Radiografía constituyente: descripción de las arenas políticas,  
institucionales y sociales de los procesos constituyentes  
de vida promedio de apenas 15 a 20 años, lo que evidencia una propensión his-  
tórica al reemplazo sistémico, antes que a la reforma incremental. Esta activi-  
dad constante en estos procesos convierte a la región en el espacio ideal para  
testear la interacción de las tres arenas, al ofrecer una variación de casos que  
van desde esquemas consensualistas y fragmentados (Colombia 1991, Chile  
2021), hasta dinámicas altamente centralizadas e impulsadas por el Ejecutivo  
(Venezuela 1999, Ecuador 2008).  
Por su parte, la justificación temporal del periodo post-1990 responde al sur-  
gimiento de un paradigma cualitativamente diferenciado dentro de la historia  
del constitucionalismo regional. El año 1990 marca la clausura definitiva de la  
“Guerra Fría” y el inicio de la consolidación de la tercera ola de democratiza-  
ción en la región, un periodo caracterizado por la transición de transiciones  
militares pactadas hacia procesos de reforma impulsados por la desafección  
ciudadana y las crisis de representación de los partidos tradicionales. Las  
constituciones previas a este quiebre histórico solían ser el resultado de nego-  
ciaciones cerradas de élites o de decretos autoritarios. A partir de la constitu-  
ción colombiana de 1991 se inaugura el ciclo del “Nuevo Constitucionalismo  
Latinoamericano”, donde el poder constituyente ya no se asume simplemente  
como una función de ingeniería institucional para limitar el poder sino como  
un motor de inclusión sustantiva para la expansión de derechos pluricultura-  
les, ambientales y de género (Viciano y Martínez, 2010). Este periodo permite  
observar, por primera vez de forma sostenida en el tiempo, cómo las deman-  
das de la arena social —históricamente excluidas o reprimidas— logran insti-  
tucionalizarse y disputar la hegemonía del diseño del Estado desde adentro de  
las propias asambleas constituyentes.  
3. Arena política: configuración del poder constituyente  
La arena política constituyente refiere al conjunto de relaciones de poder,  
reglas institucionales y correlaciones ideológicas que estructuran la confor-  
mación y funcionamiento de los órganos encargados de redactar una nueva  
constitución. Desde la perspectiva del derecho constitucional comparado y la  
ciencia política, esta dimensión permite analizar cómo se distribuye el poder  
constituyente entre partidos políticos, movimientos sociales, élites estatales y  
liderazgos presidenciales en contextos de crisis o transformación institucional.  
Analíticamente, la configuración de esta arena puede observarse a partir de  
tres dimensiones interrelacionadas: a) el contexto político de origen del pro-  
ceso constituyente; b) el mecanismo de convocatoria y selección de delegados;  
y c) la composición ideológica y partidaria de la asamblea constituyente. Estas  
variables permiten explicar no solo el grado de pluralismo o concentración  
política presente en los órganos redactores,sino también las posibilidades  
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efectivas de negociación, construcción de consensos y estabilidad posterior  
del orden constitucional resultante.  
La literatura comparada ha demostrado que los procesos constituyentes rara  
vez emergen en contextos de normalidad institucional. Por el contrario, sue-  
len producirse en escenarios de crisis de representación, debilitamiento de  
los sistemas partidarios, conflictividad social o pérdida de legitimidad de las  
instituciones políticas (Negretto, 2020).  
3.1 Contexto político de origen del proceso constituyente  
Los procesos constituyentes latinoamericanos posteriores a 1990 surgieron  
en contextos de transformación política, crisis de representación y reconfi-  
guración institucional. Este origen se define por lo que la teoría califica como  
una crisis de representación sistémica, donde la inestabilidad institucional y  
la movilización social desbordan la capacidad del juego político tradicional.  
La emergencia de estos procesos no es un fenómeno jurídico aislado, sino la  
cristalización de una ruptura en el pacto social previo que exige la activación  
del poder constituyente para reconfigurar los distintos espacios donde se va  
a desenvolver. Como sostiene Negretto (2020), la génesis de estos momentos  
constitucionales suele estar vinculada al colapso de los sistemas de partidos  
o a la incapacidad de las élites para procesar demandas de inclusión, lo que  
traslada el conflicto de la calle a los órganos redactores.  
En casos como Colombia (1991) y Chile (2021), la emergencia fue catalizada  
por manifestaciones sociales disruptivas que cuestionaron la legitimidad del  
orden vigente. En Colombia, la génesis del proceso constituyente se vincula  
directamente con el movimiento estudiantil y social de la Séptima Papeleta en  
1990 (Londoño, 2023). Este hito histórico se gestó en un escenario de extre-  
ma crisis nacional, caracterizado por la violencia del narcoterrorismo, la  
deslegitimación institucional y el magnicidio de tres candidatos presiden-  
ciales (incluyendo al líder reformista Luis Carlos Galán). Frente a un sistema  
político bloqueado y rígido que impedía reformas constitucionales por vías  
ordinarias, un colectivo de estudiantes universitarios impulsó de manera in-  
formal e inédita la inserción de una “séptima papeleta” en los comicios legis-  
lativos de marzo de 1990, con el lema: “Voto por Colombia, sí a una Asamblea  
Constituyente” (Londoño, 2023). Aunque no contaba con reconocimiento legal  
inicial, el masivo respaldo ciudadano autoconvocado (estimado en millones de  
votos) presionó al presidente Virgilio Barco a promulgar un decreto legislativo  
de excepción bajo estado de sitio —posteriormente validado por una históri-  
ca sentencia de la Corte Suprema— para contabilizar oficialmente el voto por  
la asamblea en las elecciones presidenciales de mayo de ese año (Londoño,  
2023). Este mecanismo excepcional de desborde social permitió canalizar la  
paz e incorporar fuerzas previamente excluidas, como la guerrilla desmovili-  
zada del M-19 (Londoño, 2023).  
58  
Radiografía constituyente: descripción de las arenas políticas,  
institucionales y sociales de los procesos constituyentes  
Diferente fue el escenario de Chile donde las movilizaciones masivas de 2019  
expusieron el declive terminal de la arquitectura de la transición y del mode-  
lo distributivo heredados de la dictadura militar (Arato, 2017). Frente a la in-  
minencia de un desborde sistémico, los actores políticos pactaron una salida  
institucional que encauzara la protesta callejera a través de un plebiscito de  
entrada y la posterior conformación de la Convención Constitucional de 2021  
(Negretto, 2020).  
En los casos de Venezuela 1999, Bolivia 2009 y Ecuador 2008, el origen se pro-  
dujo por una profunda inestabilidad institucional caracterizada por la caída  
de gobiernos sucesivos, el colapso de las identidades partidarias tradicionales  
y el naciente ascenso de liderazgos presidenciales fuertes y carismáticos que  
apelaron directamente a la legitimación directa de la arena social. En estos  
casos, la radiografía constituyente revela que el proceso surge como una he-  
rramienta explícita de refundación estatal orientada a desplazar por completo  
a los actores del antiguo régimen. Como advierte Landau (2013), esta modali-  
dad de origen, marcadamente plebiscitaria y vertical, suele generar una arena  
política interna altamente polarizada, donde el nuevo constitucionalismo se  
presenta como una alternativa a la disfunción sistémica de las instituciones  
tradicionales.  
La experiencia argentina de 1994 encarna una tipología de estabilidad transac-  
cional, caracterizada por tensiones endógenas y circunscritas a las dinámicas  
de poder de la arena política partidista convencional. En claro contraste con el  
quiebre institucional andino o la presión social ascendente observada en los  
casos de Colombia y Chile, el proceso argentino careció de una movilización  
popular significativa, localizándose la génesis del cambio exclusivamente en  
la concertación extra-institucional del Pacto de Olivos en noviembre de 1993.  
Este acuerdo cupular extra-institucional fue concertado en secreto por el pre-  
sidente peronista Carlos Menem y el líder de la oposición y expresidente Raúl  
Alfonsín del partido Unión Cívica Radical (UCR). Menem, motivado por la am-  
bición de reformar la constitución de 1853 para habilitar su reelección inme-  
diata, había amenazado con convocar a un plebiscito no vinculante para doble-  
gar la resistencia parlamentaria de la UCR. Para evitar un quiebre institucional  
irreversible y atemperar la creciente concentración del hiperpresidencialismo  
menemista, Alfonsín transó el aval de su bancada parlamentaria para habilitar  
la declaración de reforma a cambio de un paquete cerrado de salvaguardas  
que limitaran las prerrogativas del Ejecutivo —el “Núcleo de Coincidencias  
Básicas”. La convención constituyente de 1994 estuvo férreamente delimitada  
por este pacto previo e impidió discusiones fuera de lo pactado al resguardar  
los equilibrios del bipartidismo histórico.  
59  
Se puede argumentar, por ende, que el contexto de origen determina la natu-  
raleza de las arenas constituyentes posteriores: mientras la crisis sistémica y la  
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movilización social de las bases —como en la vía colombiana— tienden a gene-  
rar dinámicas deliberativas más descentralizadas, pluralistas y radicalmente  
democráticas, los acuerdos cupulares de élites —como el Pacto de Olivos— li-  
mitan deliberadamente las reglas de la arena institucional para preservar la  
inercia sistémica del orden preexistente (Gargarella, 2013).  
3.2 Mecanismo de convocatoria  
Los mecanismos de convocatoria de las instancias constituyentes presentaron  
diferencias relevantes entre los casos seleccionados. Colombia (1991) convo-  
có la Asamblea Nacional Constituyente mediante un procedimiento extraor-  
dinario, posteriormente reconocido por las instituciones estatales. Argentina  
(1994) desarrolló una reforma constitucional, mediante los procedimientos  
previstos en la constitución vigente y aprobados por el Congreso Nacional. En  
Venezuela (1999), Bolivia (2009) y Ecuador (2008), las asambleas constituyentes  
fueron impulsadas, mediante consultas populares y procesos electorales espe-  
cíficos orientados a redactar nuevos textos constitucionales. Chile (2021), en  
cambio, convocó una Convención Constitucional tras la aprobación ciudadana  
obtenida en el plebiscito nacional de 2020.  
El mecanismo de convocatoria constituye el umbral crítico donde la arena so-  
cial y la arena política se intersectan de manera decisiva para definir la tra-  
yectoria y los límites del poder constituyente. Lejos de operar como un mero  
formalismo técnico-jurídico, la convocatoria funciona como la cristalización  
institucional del contexto de surgimiento; es decir, traduce la correlación de  
fuerzas fácticas de la crisis previa en un conjunto de reglas electorales y de re-  
presentación sustantiva. De este modo, la forma en que se convoca un órgano  
constituyente predetermina y prefigura de manera directa el perfil ideológico  
de sus delegados, el grado de fragmentación partidaria interna y la profun-  
didad transformadora del texto final. Como sostiene Negretto (2020), existe  
una correlación sistémica entre el grado de ruptura con la legalidad ordinaria  
durante el origen y la tendencia a obtener composiciones anti-establishment, o  
hegemónicas en los órganos redactores. El inicio del proceso actúa como un  
filtro estratégico que determina si la asamblea se configurará como un espa-  
cio de continuidad reformista y autorregulada o de ruptura revolucionaria y  
refundacional.  
Esta dinámica se observa nítidamente cuando el proceso constituyente emer-  
ge en un contexto de colapso absoluto de los sistemas tradicionales de partidos  
y de desafección democrática generalizada, tal como aconteció en Venezuela  
(1999) y Ecuador (2008). En estos escenarios, el mecanismo de convocatoria  
fue un referéndum consultivo impulsado desde el Poder Ejecutivo que forzó  
los límites de la legalidad constitucional previa, bajo la doctrina de la supre-  
macía del poder constituyente originario. Esta convocatoria plebiscitaria,  
apadrinada por liderazgos carismáticos personalistas —Hugo Chávez Frías y  
60  
Radiografía constituyente: descripción de las arenas políticas,  
institucionales y sociales de los procesos constituyentes  
Rafael Correa, respectivamente—, operó como un mecanismo de sustitución  
y exclusión de las élites tradicionales en la arena social que se tradujo en una  
hegemonía absoluta de las coaliciones de izquierda refundacional en la arena  
política constituyente.  
Elsistemaelectoraldiseñadoadhocparalaeleccióndeasambleístasdesempeñó  
un rol crucial en esta transferencia de poder: mediante el uso de fórmulas  
mayoritarias de votación en bloque, se sobrerrepresentó masivamente a la  
opción oficialista, permitiéndole a la fuerza predominante capturar más del  
80% de los escaños del órgano redactor con un porcentaje de votación real  
sustancialmente menor. En consecuencia, la convocatoria bajo este modelo  
plebiscitario y vertical no estuvo orientada a la edificación de consensos  
multipartidistas, sino a la formalización e institucionalización de un nuevo  
polo de poder hegemónico que excluyó deliberadamente a la oposición tra-  
dicional de la “sala de máquinas” de la nueva constitución (Gargarella, 2013).  
En el extremo opuesto se sitúan los procesos constituyentes caracterizados por  
un contexto de estabilidad negociada o crisis controlada, donde el mecanismo  
de convocatoria emana de un acuerdo entre actores políticos altamente institu-  
cionalizados. El caso de la reforma constitucional en Argentina (1994), bajo el  
marco del Pacto de Olivos, ilustra a la perfección este modelo de convocatoria  
pactada. Al instrumentarse la reforma a través de los canales procedimentales  
ordinarios del Artículo 30 de la Constitución de 1853 —que exigía el aval de  
las dos terceras partes del Congreso controlado por el Partido Justicialista y la  
UCR—, las élites tradicionales blindaron el proceso contra la irrupción de fuer-  
zas antisistémicas o liderazgos extrapartidarios. El diseño de la convocatoria,  
al mantener inalteradas las reglas de representación proporcional por distri-  
tos y el monopolio de las candidaturas en manos de los partidos tradicionales,  
garantizó que la Convención Constituyente de 1994 fuera un reflejo simétrico  
del bipartidismo parlamentario histórico. Como apunta Gargarella (2013), bajo  
este esquema negociado, las reglas de la convocatoria son minuciosamente  
estructuradas para domesticar al poder constituyente, esto circunscribió la  
deliberación exclusivamente al “Núcleo de Coincidencias Básicas” acordado  
previamente por los líderes de las cúpulas partidarias y previno cualquier des-  
borde ideológico o programático.  
Colombia (1991) y Chile (2021) encarnan un tercer modelo intermedio basado  
en la presión desde abajo, donde movilizaciones sociales masivas y disruptivas  
forzaron a las élites estatales a diseñar mecanismos de convocatoria excepcio-  
nales para canalizar la inestabilidad. Sin embargo, las variantes de diseño en es-  
tos dos países produjeron composiciones ideológicas radicalmente diferentes.  
En Colombia (1991), el movimiento de la “Séptima Papeleta” —al nacer como  
una iniciativa estudiantil de carácter extralegal y descentralizado— obligó a  
un consenso de apertura democrática transversal. La posterior convocatoria  
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a la Asamblea Nacional Constituyente, realizada mediante un sistema de cir-  
cunscripción nacional única y representación proporcional directa, eliminó  
las barreras tradicionales del clientelismo bipartidista y facilitó la entrada de  
una pluralidad inédita. La composición resultante fue un mosaico ideológico  
fragmentado y equilibrado, donde fuerzas de la izquierda guerrillera desmovi-  
lizada —como la Alianza Democrática M-19—, partidos tradicionales de centro  
y derecha, minorías religiosas y comunidades indígenas convivieron sin que  
ninguna facción ostentara una mayoría decisiva y forzaron una dinámica de  
pacto deliberativo genuino (Londoño, 2023).  
Por el contrario, el proceso chileno de 2021–2022 demostró cómo un contexto  
de protesta radical, combinado con innovaciones institucionales sumamente  
profundas en las reglas de convocatoria, puede llegar a disolver el sistema po-  
lítico de representación tradicional. Para canalizar el estallido social de 2019,  
la arena política constituida no solo convocó un plebiscito de entrada habili-  
tante, sino que alteró sustancialmente las reglas del juego electoral del sistema  
de distritos tradicional: implementó una paridad de género obligatoria única a  
nivel global, reservó escaños exclusivos para los pueblos originarios y habilitó  
la conformación de listas de candidatos independientes bajo las mismas con-  
diciones que las listas de partidos tradicionales. Como advierte Arato (2017),  
estas reglas excepcionales de la convocatoria operaron como el “selector gené-  
tico” del órgano redactor. Al neutralizar las barreras de entrada de los partidos  
consolidados, la Convención Constitucional de 2021 quedó conformada por  
una abrumadora mayoría de activistas procedentes de movimientos sociales  
temáticos, colectivos medioambientales, feministas e izquierdas radicales no  
tradicionales, relegó a la centroderecha e incluso a la centroizquierda tradicio-  
nal a una irrelevancia decisional absoluta. Así, la ingeniería institucional de la  
convocatoria no logró edificar un puente deliberativo sostenible con el orden  
político previo, lo que dio lugar a una composición ideológica marcadamen-  
te maximalista cuya legitimidad de resultado fue posteriormente vetada por  
la ciudadanía en la arena social, mediante el plebiscito ratificatorio (Fuentes,  
2023).  
3.3 Composición ideológica de la asamblea constituyente  
La composición ideológica de las asambleas constituyentes constituye una va-  
riable fundamental para comprender las dinámicas de deliberación y nego-  
ciación constitucional. Desde una perspectiva comparada, al menos tres ele-  
mentos resultan particularmente relevantes: a) el número de fuerzas políticas  
presentes en el órgano constituyente; b) las reglas de decisión requeridas para  
aprobar normas constitucionales; y c) la distribución ideológica de las fuerzas  
políticas dentro del eje izquierda-centro-derecha.  
62  
La evidencia empírica permite observar diferencias significativas entre los ca-  
sos analizados.  
Radiografía constituyente: descripción de las arenas políticas,  
institucionales y sociales de los procesos constituyentes  
Tabla 2. Composición política e ideológica de las asambleas  
constituyentes latinoamericanas seleccionadas  
País  
Número de  
partidos  
Número de  
integrantes de  
la AC  
Distribución derecha–izquierda  
izquierda  
centro  
derecha  
otros  
Colombia 91  
Argentina 94  
Venezuela 99  
Bolivia 2006  
Ecuador 2008  
Chile 2021  
7
74  
30,0  
11,1  
95,0  
62,3  
66,8  
71  
35,7  
69,1  
4,5  
31,4  
8,1  
2,9  
11,7  
0,5  
7,9  
8,5  
0,5  
17  
9
305  
131  
255  
130  
155  
-
16  
12  
17  
3,1  
26,7  
10,8  
24,0  
13,9  
4,5  
Fuente:  
Fuentes  
(2023),  
se  
considera  
la  
clasificación  
ideológica  
propuesta  
por Varieties of Democracy Institute (V-Dem) para el eje izquierda-derecha, en materia económica: 1–2  
izquierda, 3–4 centro y 5–6 derecha.  
La composición ideológica de las asambleas constituyentes fue operaciona-  
lizada a partir de la clasificación de los partidos políticos propuesta por el  
proyecto Varieties of Democracy (V-Dem), se utilizó la variable posición de los  
partidos en el eje económico izquierda–derecha. Esta medida se construye a  
partir de evaluaciones realizadas por expertos nacionales e internacionales y  
permite ubicar a los partidos, según sus orientaciones programáticas respecto  
al papel del Estado en la economía, las políticas redistributivas, la regulación  
de los mercados y los mecanismos de protección social. A partir del criterio  
de agregación empleado por Fuentes (2023, p. 45, Tabla 3), los partidos fue-  
ron agrupados en tres categorías: izquierda (valores 1–2), centro (valores 3–4)  
y derecha (valores 5–6), incorporándose además una categoría residual para  
organizaciones cuya ubicación ideológica no podía determinarse de manera  
consistente.  
La utilización de esta clasificación busca fortalecer la validez comparativa de  
la variable y evitar sesgos derivados de la autodefinición ideológica de los ac-  
tores políticos o de la interpretación de sus discursos coyunturales. En lugar  
de medir estrategias retóricas o usos performativos de categorías ideológi-  
cas —particularmente relevantes en contextos caracterizados por dinámicas  
populistas—, la medición captura orientaciones programáticas relativamen-  
te estables a partir de una metodología estandarizada y ampliamente utili-  
zada en la investigación comparada. Bajo este criterio, los datos muestran  
que, salvo en los casos de Colombia (1991) y Argentina (1994), las fuerzas de  
izquierda constituyeron el bloque predominante en las asambleas constitu-  
yentes analizadas, al alcanzar porcentajes superiores al 60 % en Venezuela  
(95 %), Chile (71 %), Ecuador (66,8 %) y Bolivia (62,3 %). Ello sugiere que  
los procesos constituyentes latinoamericanos examinados se desarrollaron  
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mayoritariamente en escenarios de predominio de fuerzas favorables a re-  
formas estructurales y a una mayor intervención estatal en la vida económi-  
ca y social. En consecuencia, se evidencia que los procesos constituyentes  
más recientes de América del Sur tendieron a concentrar mayorías ideológi-  
cas de izquierda, particularmente en Venezuela, Bolivia, Ecuador y Chile. En  
contraste, Colombia y Argentina presentaron configuraciones más equilibra-  
das o moderadas, con mayores niveles de representación centrista y menor  
concentración ideológica.  
No obstante, la orientación ideológica por sí sola resulta insuficiente para ex-  
plicar la dinámica interna de las asambleas. También importa el nivel de frag-  
mentación partidaria y la capacidad efectiva de coordinación política entre  
fuerzas afines. En términos comparados, Venezuela exhibió una estructura al-  
tamente concentrada y cohesionada alrededor del oficialismo chavista, mien-  
tras Colombia mostró una distribución más fragmentada y pluralista entre  
partidos tradicionales, movimientos emergentes y minorías políticas.  
La evidencia comparada sugiere que las asambleas dominadas por coaliciones  
ideológicamente homogéneas y con amplias mayorías tienden a reducir los  
incentivos para la negociación transversal. En Venezuela y Ecuador, por ejem-  
plo, las fuerzas oficialistas controlaron cómodamente los cuórum decisorios,  
esto permitió procesos de redacción constitucional altamente centralizados.  
En contraste, Colombia presentó una distribución más equilibrada entre iz-  
quierda, centro y derecha, lo que obligó a la construcción de pactos interparti-  
darios para aprobar disposiciones constitucionales.  
Chile representa nuevamente un caso singular. Aunque la Convención  
Constitucional mostró una clara inclinación hacia posiciones de izquierda y  
progresismo transformador, la presencia de listas independientes, movimien-  
tos territoriales y colectivos temáticos generó altos niveles de fragmentación  
interna. La dificultad para articular acuerdos políticos amplios evidenció que  
una mayoría ideológica no necesariamente se traduce en cohesión organizati-  
va o capacidad sostenida de negociación.  
La distribución ideológica de las asambleas constituyentes constituye una  
dimensión relevante para comprender las dinámicas de deliberación consti-  
tucional, ya que refleja la diversidad de preferencias programáticas presen-  
tes en el órgano encargado de redactar las nuevas reglas del juego político.  
Sin embargo, su capacidad explicativa aumenta cuando se analiza conjunta-  
mente con la estructura del sistema de partidos y el grado de fragmentación  
política existente. La literatura comparada ha mostrado que la legitimidad y  
estabilidad de los arreglos constitucionales no dependen únicamente de la  
orientación ideológica predominante, sino también de la capacidad de incor-  
porar múltiples actores relevantes en los procesos de negociación y toma de  
64  
Radiografía constituyente: descripción de las arenas políticas,  
institucionales y sociales de los procesos constituyentes  
decisiones (Laakso y Taagepera, 1979; Mainwaring y Scully, 1995; Ginsburg  
et al., 2009).  
Los datos presentados muestran una aparente paradoja. Aunque la mayoría  
de los procesos constituyentes analizados estuvieron dominados por fuerzas  
ubicadas en la izquierda del espectro ideológico —particularmente Venezuela  
(95 %), Chile (71 %), Ecuador (66,8 %) y Bolivia (62,3 %)—, dichas asambleas  
coexistieron con distintos niveles de fragmentación partidaria, expresados en  
la presencia de entre 7 y 17 organizaciones políticas representadas. Esta com-  
binación sugiere que la variable relevante no es únicamente quién posee la  
mayoría ideológica, sino la capacidad del sistema político para traducir esa di-  
versidad de actores en mecanismos efectivos de negociación. Desde esta pers-  
pectiva, la coexistencia de múltiples partidos y posiciones ideológicas genera  
mayores incentivos para la construcción de acuerdos amplios, especialmente  
cuando ningún actor posee por sí solo la capacidad de imponer unilateralmen-  
te el contenido constitucional.  
La teoría de los sistemas de partidos sostiene que la presencia de una plurali-  
dad efectiva de actores políticos puede favorecer la moderación y la búsqueda  
de consensos duraderos, en la medida en que obliga a construir coaliciones es-  
tables capaces de trascender coyunturas electorales específicas (Mainwaring  
y Scully, 1995). Del mismo modo, los estudios sobre diseño constitucional des-  
tacan que las constituciones tienden a exhibir mayores niveles de legitimidad  
y resiliencia cuando emergen de procesos inclusivos que incorporan una di-  
versidad significativa de preferencias e intereses sociales, en lugar de reflejar  
exclusivamente las prioridades de una mayoría circunstancial (Ginsburg et al.,  
2009). En este sentido, la variabilidad ideológica puede entenderse como un  
recurso institucional antes que como un obstáculo para la deliberación, en  
tanto amplía las oportunidades para la negociación y fortalece la percepción  
de imparcialidad y representación del texto constitucional resultante.  
Esta discusión también remite al papel desempeñado por los liderazgos polí-  
ticos que impulsan los procesos constituyentes. Cuando los líderes interpre-  
tan una mayoría electoral como un mandato para trasladar de forma directa  
sus preferencias al texto constitucional, los incentivos para la negociación y  
la incorporación de actores minoritarios tienden a reducirse. Por el contrario,  
cuando el liderazgo político concibe el proceso constituyente como una ins-  
tancia de construcción de acuerdos intertemporales, la diversidad ideológica  
y partidaria puede transformarse en una fuente de legitimidad democrática.  
Dado que las constituciones están destinadas a regular la competencia política  
más allá de los ciclos gubernamentales inmediatos, su estabilidad depende en  
gran medida de la capacidad de generar compromisos aceptables para actores  
con preferencias divergentes. En consecuencia, la combinación entre pluralis-  
mo ideológico, fragmentación partidaria y liderazgos orientados al consenso  
65  
RFJ - Revista Facultad de Jurisprudencia  
e-ISSN: 2588-0837 | Vol. N° 19 | Junio 2026  
constituye una condición particularmente relevante para la producción de  
constituciones con mayores probabilidades de aceptación, durabilidad y legi-  
timidad en el largo plazo.  
4. Arena institucional: diseño y funcionamiento del  
proceso constituyente  
La literatura sobre procesos constituyentes ha identificado al diseño insti-  
tucional como una dimensión fundamental para comprender el desarrollo,  
funcionamiento y resultados de las instancias constituyentes. Más allá de los  
contenidos normativos finales, las reglas que estructuran la composición, or-  
ganización y toma de decisiones de los órganos redactores condicionan los  
niveles de representación, inclusión, negociación política y estabilidad del  
proceso constitucional (Elster, 1995; Negretto, 2020; Ginsburg et al. 2009).  
Desde esta perspectiva, los procesos constituyentes no pueden entenderse  
únicamente como episodios de producción normativa, sino también como  
arenas institucionales configuradas mediante reglas específicas que distribu-  
yen poder entre actores, generan incentivos de cooperación o conflicto y de-  
limitan las posibilidades de transformación constitucional. La relevancia del  
diseño institucional se intensifica particularmente en contextos de fragmen-  
tación partidaria o polarización ideológica, donde las reglas procedimentales  
pueden facilitar acuerdos amplios o, por el contrario, profundizar bloqueos y  
disputas entre fuerzas políticas.  
En este sentido, Negretto (2020) sostiene que las reglas constituyentes inciden  
directamente en la capacidad de los órganos redactores para construir con-  
sensos duraderos y conferir legitimidad democrática al nuevo texto constitu-  
cional. De forma similar, Elster (1995) argumenta que las constituciones no  
solo expresan correlaciones políticas preexistentes, sino también los efectos  
derivados de las reglas que organizan la deliberación y la adopción de decisio-  
nes. En la misma línea, Ginsburg et al. (2009) muestran que variables como los  
mecanismos de elección, los cuórum de aprobación y los procedimientos de  
ratificación influyen significativamente en la estabilidad y duración posterior  
de las constituciones.  
En América Latina, los procesos constituyentes desarrollados después de  
1990 evidencian una marcada diversidad de diseños institucionales. Algunos  
privilegiaron esquemas mayoritarios con elevados niveles de concentración  
política dentro de la asamblea constituyente, mientras otros incorporaron  
mecanismos orientados a fortalecer el pluralismo, la representación mul-  
tipartidaria y la negociación intersectorial. Asimismo, las diferencias en  
materia de participación ciudadana, sistemas electorales, funcionamiento  
66  
Radiografía constituyente: descripción de las arenas políticas,  
institucionales y sociales de los procesos constituyentes  
de comisiones y reglas de aprobación normativa permiten identificar dis-  
tintas formas de articulación entre representación política y legitimidad  
democrática.  
La importancia del diseño institucional también radica en su capacidad para  
equilibrar eficacia decisional e inclusión política. Procesos estructurados me-  
diante reglas excesivamente rígidas pueden derivar en bloqueos institucio-  
nales y dificultades para alcanzar acuerdos, mientras que diseños altamente  
flexibles pueden favorecer dinámicas mayoritarias con bajos niveles de con-  
senso interpartidario. En consecuencia, el estudio de la arena institucional  
permite comprender de qué manera las reglas procedimentales condicionan,  
tanto el funcionamiento interno de los órganos constituyentes como la legiti-  
midad política de los textos constitucionales resultantes.  
Sobre esta base, el análisis de las arenas institucionales constituyentes en  
América Latina requiere examinar dimensiones como la composición de las  
asambleas, los sistemas de representación y elección de constituyentes, la  
organización interna de los órganos redactores, las reglas de deliberación y  
decisión normativa, la duración de los procesos y los mecanismos de ratifica-  
ción constitucional. Estas variables permiten describir comparativamente las  
distintas formas de estructuración institucional del poder constituyente en la  
región desde 1990.  
4.1 Reglas de composición de la asamblea  
La composición de los órganos redactores constituye una de las primeras de-  
finiciones de la arena institucional, ya que refleja la tensión entre representa-  
ción política y eficacia operativa. En los casos analizados se observan diferen-  
cias significativas en la magnitud de las asambleas constituyentes. Argentina  
(1994) y Bolivia (2009) optaron por órganos de gran escala —305 y 255 integran-  
tes, respectivamente— con el propósito de incorporar una amplia diversidad  
de actores territoriales y políticos. En contraste, Colombia (1991), Venezuela  
(1999), Ecuador (2008) y Chile (2021) conformaron órganos más reducidos, con  
cifras que oscilaron entre 70 y 155 miembros.  
Como señala Negretto (2020), la composición no depende únicamente del  
número de integrantes sino también de la naturaleza de la representación.  
En este sentido, Chile introdujo innovaciones relevantes mediante la paridad  
de género y los escaños reservados para pueblos indígenas, esto transformó  
el órgano constituyente en un espacio con altos niveles de representación so-  
cial. Estas configuraciones impactan directamente sobre la dinámica delibe-  
rativa: mientras los órganos más amplios tienden a fragmentar el debate, los  
más compactos pueden facilitar mayores niveles de coordinación política o  
concentración decisional.  
Envío: 22/05/2026 | Aceptación: 20/06/2026 | Publicación: 30/06/2026  
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65-106  
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Dentro de los casos analizados pueden identificarse distintos patrones de es-  
tructuración política. Colombia (1991) representa un modelo de pluralismo  
relativamente equilibrado. Con 74 integrantes distribuidos entre siete fuerzas  
políticas, la representación ideológica se organizó de manera relativamen-  
te simétrica entre izquierda, centro y derecha, esto generó incentivos para  
la negociación y los acuerdos transversales. Argentina (1994) y Chile (2021),  
aunque compartieron altos niveles de fragmentación partidaria, produjeron  
dinámicas diferentes. En Argentina, el predominio de una amplia coalición  
centrista, derivada del Pacto de Olivos, permitió estructurar acuerdos relati-  
vamente estables dentro de un órgano numeroso. En Chile, por el contrario,  
la fragmentación interna y el predominio de fuerzas de izquierda redujeron  
significativamente el peso del centro político e intensificaron la polarización  
de la deliberación constituyente.  
En los países andinos se observó una tendencia distinta, caracterizada por una  
fuerte concentración de poder en torno a las fuerzas oficialistas. Venezuela  
(1999) constituye el caso más representativo de este patrón, debido a la amplia  
mayoría alcanzada por el bloque chavista dentro de la asamblea constituyente.  
Bolivia (2006) y Ecuador (2008) reprodujeron dinámicas similares, aunque con  
mayores niveles de pluralidad partidaria. En conjunto, la evidencia compara-  
da sugiere que el tamaño de los órganos constituyentes y las reglas de compe-  
tencia electoral influyen de manera decisiva en la configuración de la arena  
institucional, al configurar tanto los niveles de pluralismo como las posibilida-  
des de consenso político.  
4.2 Sistemas de representación y elección de constituyentes  
Los sistemas de elección determinan el umbral de acceso a la arena política  
constituyente. En América Latina, el modelo predominante ha sido la repre-  
sentación proporcional, orientada a reflejar el pluralismo social surgido tras  
períodos de crisis o reconfiguración política. Sin embargo, las variantes técni-  
cas implementadas en cada caso produjeron efectos diferenciados. Argentina  
recurrió a distritos electorales para preservar el vínculo territorial y los equili-  
brios federales, mientras que Venezuela (1999) aplicó un sistema mixto nacio-  
nal-territorial que terminó con una sobrerrepresentación de mayoría chavista.  
Chile (2021), por su parte, incorporó listas de independientes y mecanismos de  
paridad, lo que alteró la centralidad tradicional de los partidos políticos.  
Según Gargarella (2013), el sistema de elección preconfigura el grado de  
fragmentación de la arena constituyente. Un esquema altamente proporcional  
puede ampliar la representación, pero también incrementar los niveles de  
dispersión política si no existen mecanismos de coordinación institucional.  
Esto se evidenció tanto en Colombia (1991) como en el primer proceso chileno,  
donde la pluralidad de actores dificultó la consolidación de acuerdos amplios  
y estables.  
68  
Radiografía constituyente: descripción de las arenas políticas,  
institucionales y sociales de los procesos constituyentes  
El análisis comparado demuestra que la ingeniería electoral actúa como un  
filtro decisivo en la configuración del órgano constituyente. Las reglas de vota-  
ción no son dispositivos neutrales sino variables estratégicas que condicionan  
el pluralismo interno, la gobernabilidad del foro y la naturaleza del pacto cons-  
titucional resultante.  
A nivel regional puede observarse una transición desde modelos clásicos de  
representación proporcional hacia esquemas de diseño más complejos e iden-  
titarios. Colombia (1991) y Argentina (1994) recurrieron a mecanismos propor-  
cionales tradicionales mediante sufragio universal, aunque con efectos distin-  
tos. Mientras Argentina organizó la elección a través de distritos electorales  
para preservar el bipartidismo y los equilibrios federales; Colombia utilizó  
una circunscripción nacional que permitió la incorporación de minorías y de-  
legados provenientes de grupos desmovilizados.  
En los países andinos, los sistemas electorales fueron funcionales a proyec-  
tos políticos de carácter refundacional. Ecuador (2007) implementó una re-  
presentación proporcional plurinominal con circunscripciones nacionales,  
provinciales y de migrantes. Venezuela (1999), en cambio, combinó criterios  
territoriales y nacionales en un sistema mixto que favoreció una sobrerrepre-  
sentación de la fuerza oficialista respecto de su votación efectiva.  
Chile (2021) representó un punto de inflexión en el constitucionalismo regio-  
nal al incorporar paridad de género y escaños reservados para pueblos indíge-  
nas dentro de un sistema proporcional. Este diseño modificó significativamen-  
te la composición del órgano redactor y desplazó parte de la intermediación  
política, desde los partidos tradicionales hacia movimientos sociales e identi-  
dades colectivas emergentes desde la arena social. En términos comparados,  
la evidencia muestra que los sistemas proporcionales e identitarios tendieron  
a incrementar la fragmentación política y la deliberación conflictiva, mientras  
que los modelos mixtos o distritales favorecieron mayores niveles de coordi-  
nación y control político sobre el proceso constituyente.  
La siguiente tabla sintetiza los principales hallazgos desarrollados en este acá-  
pite, respecto a las arenas institucionales de los procesos constituyentes lati-  
noamericanos posteriores a 1990. A partir de una perspectiva comparada, se  
examinan las principales variables de diseño institucional que estructuraron  
el funcionamiento de los órganos redactores, incluyen su composición, siste-  
mas de representación, organización interna, reglas de deliberación y deci-  
sión, duración de los procesos y mecanismos de ratificación constitucional. La  
sistematización permite identificar distintos modelos de configuración del po-  
der constituyente en América Latina, así como las tensiones entre inclusión,  
gobernabilidad, consenso y legitimidad democrática que atravesaron cada ex-  
periencia constituyente.  
69  
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e-ISSN: 2588-0837 | Vol. N° 19 | Junio 2026  
Tabla 3. Diseño Institucional de los Procesos Constituyentes  
País  
Proceso  
constituyente  
Composición  
del órgano  
Sistema de  
representación y  
elección  
Organización  
interna  
Reglas de  
deliberación  
Reglas de  
decisión  
Duración del proceso  
Mecanismo de  
ratificación  
Tipo de arena  
institucional  
Resultado político del proceso  
Colombia  
Asamblea Nacional 70  
Representación  
proporcional  
mediante sufragio  
universal y  
circunscripción  
nacional  
Presidencia  
Deliberación  
en comisiones  
técnicas y  
Mayoría  
Aproximadamente 5  
meses (febrero–julio de  
1991)  
Promulgación  
directa sin  
referéndum  
aprobatorio  
Arena  
pluralista-  
transaccional  
Constitución vigente con elevada  
estabilidad y legitimidad transversal  
Constituyente  
constituyentes  
colegiada de tres  
copresidentes  
absoluta de  
los miembros  
presentes  
(1991)  
electos y  
delegados  
especiales  
de grupos  
desmovilizados  
y 5 comisiones  
permanentes con  
aprobación  
en plenaria  
apoyo de comisiones pública  
codificadoras  
Argentina  
Venezuela  
Bolivia  
Convención  
Constituyente  
(1994)  
305  
Representación  
Presidencia,  
vicepresidencias  
y 8 comisiones  
temáticas  
Trabajo en  
Mayoría  
Aproximadamente 3  
meses (mayo–agosto de  
1994)  
Sanción y  
promulgación  
directa sin  
consulta  
Arena pactada  
y controlada  
por élites  
Reforma constitucional estable y  
convencionales  
constituyentes  
electos por  
representación  
territorial  
proporcional por  
distritos electorales  
comisiones y  
deliberación  
plenaria  
absoluta de  
convencionales  
presentes  
articulada al Pacto de Olivos  
políticas  
estructurada  
popular  
Asamblea Nacional 131  
Sistema mixto  
Presidencia,  
Deliberación  
en comisiones  
y sesiones  
plenarias  
Mayoría  
Aproximadamente 6  
meses (julio–diciembre  
de 1999)  
Referéndum  
aprobatorio  
obligatorio  
celebrado el 15  
de diciembre  
de 1999  
Arena  
hegemónica-  
refundacional  
Consolidación del proyecto  
político oficialista mediante nueva  
Constitución  
Constituyente  
constituyentes  
territorial y nacional junta directiva  
simple de los  
miembros  
presentes  
(1999)  
territoriales,  
nacionales e  
indígenas  
con voto directo  
y 20 comisiones  
permanentes  
públicas  
Asamblea  
Constituyente  
(2006–2009)  
255  
Representación  
proporcional y  
territorial  
Presidencia,  
directiva y 21  
comisiones  
temáticas  
Trabajo en  
comisiones y  
deliberación  
plenaria  
con alta  
conflictividad  
política  
Aprobación por  
dos tercios de  
los miembros  
presentes  
Aproximadamente 2  
años y 6 meses (2006–  
2009)  
Referéndum  
constitucional  
aprobatorio  
realizado en  
enero de 2009  
Arena  
polarizada y  
fragmentada  
Constitución aprobada tras bloqueo  
institucional y renegociación  
extraparlamentaria  
asambleístas  
constituyentes  
electos  
territorialmente  
Ecuador  
Chile  
Asamblea  
130  
Representación  
proporcional  
mediante  
Presidencia, dos  
vicepresidencias  
y 10 mesas  
Deliberación  
en mesas  
temáticas  
y sesiones  
plenarias  
abiertas  
Mayoría  
Aproximadamente 8  
meses (noviembre de  
2007–julio de 2008)  
Referéndum  
aprobatorio  
obligatorio  
realizado el 28  
de septiembre  
de 2008  
Arena  
Consolidación institucional del  
proyecto refundacional correísta  
Constituyente  
de Montecristi  
(2007–2008)  
asambleístas  
nacionales,  
provinciales y  
migrantes  
absoluta de  
hegemónica  
con  
los miembros  
presentes, salvo  
excepciones  
reglamentarias  
sufragio universal  
plurinominal  
constituyentes  
especializadas  
legitimación  
plebiscitaria  
Convención  
Constitucional  
(2021–2022)  
155  
Sistema  
Presidencia,  
vicepresidencia,  
comisiones  
permanentes  
y comisiones  
transitorias  
Audiencias  
públicas,  
Aprobación  
por dos  
tercios de los  
convencionales  
en ejercicio  
Aproximadamente 1  
año y 1 mes (julio de  
2021–julio de 2022)  
Plebiscito  
de salida  
obligatorio  
realizado el 4  
de septiembre  
de 2022  
Arena  
fragmentada-  
identitaria  
Rechazo ciudadano del proyecto  
constitucional en plebiscito de  
salida  
convencionales  
electos con  
paridad  
proporcional con  
paridad y escaños  
reservados  
iniciativas  
populares  
de norma y  
deliberación  
en comisión y  
pleno  
de género  
y escaños  
reservados  
indígenas  
70  
Elaboración propia con base en Asamblea Nacional Constituyente de Colombia (1991), Convención Nacional Constituyente (1994), Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela (1999), Asamblea Constituyente de Bolivia (2006), Asamblea Constituyente del  
Ecuador (2008) y Convención Constitucional de Chile (2021)  
Radiografía constituyente: descripción de las arenas políticas,  
institucionales y sociales de los procesos constituyentes  
5. Arena social: participación y legitimidad social  
La arena social constituye una de las dimensiones fundamentales para com-  
prender los procesos constituyentes contemporáneos, especialmente en  
América Latina donde las transformaciones constitucionales recientes han es-  
tado estrechamente vinculadas a ciclos de movilización social, crisis de repre-  
sentación política y demandas de ampliación democrática. A diferencia de la  
arena política —centrada en la competencia entre partidos, élites y coaliciones  
institucionales— y de la arena institucional —referida al diseño procedimental  
y organizativo de los órganos constituyentes—, la arena social remite al con-  
junto de dinámicas de participación ciudadana, movilización colectiva, deli-  
beración pública y construcción de legitimidad social que rodean, presionan y  
condicionan el desarrollo del proceso constituyente.  
Desde esta perspectiva, la arena social comprende no únicamente la participa-  
ción electoral formal sino también la intervención de movimientos sociales, or-  
ganizaciones territoriales, pueblos indígenas, sindicatos, colectivos ciudadanos,  
actores académicos y otros sectores de la sociedad civil que buscan influir en la  
definición del nuevo pacto constitucional. Asimismo, incorpora los mecanismos  
institucionales habilitados para canalizar dichas demandas —cabildos, audiencias  
públicas, iniciativas populares, consultas territoriales, plataformas digitales, foros  
deliberativos y espacios de consulta indígena— así como los niveles de transparen-  
cia, publicidad y acceso ciudadano a las deliberaciones constituyentes.  
La literatura comparada ha destacado que la legitimidad de los procesos cons-  
tituyentes ya no depende exclusivamente de la representación formal o de la  
validez jurídica de las reglas procedimentales, sino también de la capacidad de  
los órganos constituyentes para articular mecanismos efectivos de inclusión  
social, deliberación pública y reconocimiento de demandas colectivas (Arato,  
2017; Negretto, 2020). En consecuencia, la arena social opera como un espacio  
de interacción entre ciudadanía e institucionalidad constituyente, donde se  
construyen —o erosionan— las percepciones de legitimidad democrática del  
proceso y del texto constitucional resultante.  
En América Latina, la incorporación de mecanismos de participación ciuda-  
dana ha evolucionado significativamente desde comienzos de la década de  
1990. Mientras los primeros procesos constituyentes privilegiaron esquemas  
predominantemente representativos y formas limitadas de intervención so-  
cial, las experiencias posteriores comenzaron a integrar dispositivos cada vez  
más complejos de participación popular, deliberación territorial y consulta  
multisectorial. Esta transformación refleja, tanto cambios en las expectativas  
democráticas de las sociedades latinoamericanas como el impacto de nuevas  
formas de movilización social y expansión de mecanismos digitales de inte-  
racción política.  
71  
RFJ - Revista Facultad de Jurisprudencia  
e-ISSN: 2588-0837 | Vol. N° 19 | Junio 2026  
En este capítulo, la arena social será entendida como el conjunto de mecanis-  
mos, actores y dinámicas de participación pública que intervienen en el pro-  
ceso constituyente y contribuyen a la construcción de legitimidad democrática  
del nuevo orden constitucional. Para ello, el análisis se estructurará en torno a  
cinco dimensiones principales: i) participación ciudadana en el proceso cons-  
tituyente; ii) participación de organizaciones sociales y actores colectivos; iii)  
mecanismos de deliberación pública; iv) transparencia y acceso público al pro-  
ceso; y v) percepción de legitimidad social. A partir de estas dimensiones, se  
examinará comparativamente cómo los distintos procesos constituyentes lati-  
noamericanos —Colombia (1991), Argentina (1994), Venezuela (1999), Bolivia  
(2006–2009), Ecuador (2007–2008) y Chile (2021–2022)— articularon diversas  
formas de participación popular, inclusión social y construcción de legitimi-  
dad constitucional en contextos políticos e institucionales diferenciados.  
72  
Radiografía constituyente: descripción de las arenas políticas,  
institucionales y sociales de los procesos constituyentes  
Tabla 4. Participación ciudadana, actores colectivos, deliberación pública y legitimidad social en los procesos constituyentes latinoamericanos (1991–2022)  
País  
Temporalidad  
del proceso  
Mecanismos de  
participación ciudadana  
Actores colectivos y organizaciones  
Mecanismos de deliberación  
pública y transparencia  
Balance  
de legitimidad social  
sociales  
Colombia  
Asamblea  
Nacional  
Constituyente  
(1991)  
Recepción de propuestas ciudadanas, participación  
derivada de la movilización de la “Séptima Papeleta” y  
apertura limitada de espacios de intervención social.  
Participación electoral aproximada del 26 % del censo  
electoral en la elección constituyente.  
Movimientos estudiantiles, sectores  
académicos, representantes indígenas  
y grupos desmovilizados vinculados a  
procesos de paz.  
Debates públicos y sesiones plenarias Alta legitimidad inicial al ser percibida como  
abiertas. Difusión institucional y  
mediática limitada en comparación  
con procesos posteriores debido al  
contexto tecnológico de la época.  
un nuevo pacto democrático en un contexto  
de violencia política y crisis institucional. La  
Constitución fue asociada con ampliación de  
derechos y fortalecimiento del pluralismo  
político.  
Argentina  
Venezuela  
Bolivia  
Convención  
Constituyente  
(1994)  
Participación ciudadana predominantemente indirecta Predominio de élites partidarias  
Sesiones públicas y cobertura  
mediática nacional de los debates  
parlamentarios. Predominio de  
negociaciones cupulares entre  
partidos políticos tradicionales.  
Legitimidad social moderada y condicionada  
por cuestionamientos relacionados con la  
habilitación de la reelección presidencial  
y la concentración de acuerdos entre élites  
políticas.  
mediante elección de convencionales constituyentes.  
Ausencia de cabildos, consultas territoriales o  
mecanismos amplios de deliberación pública.  
articuladas alrededor del “Pacto de  
Olivos”. Escasa incorporación de  
organizaciones sociales o actores  
territoriales.  
Asamblea  
Nacional  
Constituyente  
(1999)  
Referéndum consultivo previo, elección constituyente  
y referéndum aprobatorio posterior. El texto  
Organizaciones populares, movimientos  
Sesiones públicas, amplia cobertura  
televisiva nacional y difusión masiva  
del proceso constituyente.  
Elevada legitimidad plebiscitaria  
inicial; posteriormente surgieron  
cuestionamientos por concentración política,  
sobrerrepresentación oficialista y reducción  
del pluralismo deliberativo.  
barriales y sectores históricamente  
constitucional obtuvo aproximadamente 71 % de apoyo excluidos vinculados al proyecto político  
en el plebiscito de salida.  
impulsado por Hugo Chávez.  
Asamblea  
Constituyente  
(2006–2009)  
Audiencias públicas, foros territoriales, reuniones  
entre asambleístas y sociedad civil, recepción de  
propuestas y deliberación multisectorial permanente.  
Participación electoral superior al 84 % del padrón.  
Movimientos indígenas, organizaciones  
campesinas, sindicatos, federaciones  
cocaleras y colectivos territoriales  
vinculados al proceso de refundación  
estatal.  
Deliberación territorial, encuentros  
multisectoriales y movilización social e indígenas debido al reconocimiento del  
permanente en ciudades como Sucre  
y La Paz. Amplia visibilidad pública  
del conflicto constituyente.  
Alta legitimidad entre sectores populares  
carácter plurinacional del Estado. Persistieron  
elevados niveles de polarización política  
y regional, especialmente con sectores  
autonomistas opositores.  
Ecuador  
Chile  
Asamblea  
Mesas constituyentes territoriales, audiencias públicas, Participación activa de movimientos  
Sesiones televisadas, difusión  
pública de documentos oficiales  
y mecanismos institucionalizados  
de sistematización de propuestas  
ciudadanas.  
Elevada legitimidad inicial sustentada en  
el amplio respaldo electoral al oficialismo,  
el rechazo ciudadano al sistema partidario  
tradicional y la expectativa de transformación  
institucional.  
Constituyente  
de Montecristi  
(2007–2008)  
foros ciudadanos y recepción formal de propuestas  
sociales sistematizadas por la Unidad de Participación  
Social.  
indígenas, organizaciones sociales,  
sectores académicos y colectivos  
ciudadanos vinculados al proyecto  
político de Rafael Correa.  
Convención  
Constitucional  
(2021–2022)  
Iniciativas populares de norma, encuentros  
autoconvocados, cabildos comunales, jornadas  
nacionales de deliberación, oficinas territoriales  
constituyentes, mecanismos de participación y  
consulta indígena, iniciativas de norma indígena y  
plataformas digitales abiertas. Más de 78.000 personas  
participaron formalmente mediante iniciativas  
populares de norma.  
Movimientos feministas, organizaciones  
indígenas, colectivos ambientales,  
agrupaciones territoriales y actores  
sociales surgidos tras las movilizaciones  
de 2019. Según Díaz (2023), constituyó el  
proceso constituyente más participativo  
de la historia regional.  
Audiencias públicas obligatorias,  
foros deliberativos, amplia  
publicidad documental, transmisión  
pública de sesiones y acceso digital  
permanente a las deliberaciones y  
documentos oficiales.  
Alta legitimidad inicial y elevado  
involucramiento ciudadano; posteriormente se  
produjo un deterioro sostenido de la confianza  
pública que culminó con el rechazo del texto  
constitucional por aproximadamente el 62  
% del electorado en el plebiscito de salida de  
2022.  
73  
Fuente: Elaboración propia con base en Asamblea Nacional Constituyente de Colombia (1991), Convención Nacional Constituyente de Argentina (1994), Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela (1999), Asamblea Constituyente de Bolivia  
(2006), Asamblea Constituyente del Ecuador (2008), Convención Constitucional de Chile (2021), Londoño (2023), Díaz (2023), Centro de Estudios Públicos (2022), El Líbero (2022) y El Informador Chile (2022).  
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6. Análisis comparado de procesos constituyentes  
Antes de presentar los principales hallazgos comparativos, es necesario pre-  
cisar que las inferencias desarrolladas en esta investigación se fundamen-  
tan en el análisis sistemático de fuentes secundarias y no en la producción  
de evidencia primaria, como se ha mencionado previamente. La radiografía  
constituyente propuesta se construye a partir de la triangulación de literatura  
académica especializada, documentos oficiales de los procesos constituyen-  
tes, bases de datos comparadas sobre instituciones políticas y democracia, así  
como estudios de caso previamente desarrollados por la literatura.  
El análisis comparado de los procesos constituyentes latinoamericanos evi-  
dencia que la configuración del poder constituyente no depende exclusiva-  
mente del contenido normativo de los textos constitucionales, sino de la inte-  
racción dinámica entre temporalidad política, diseño institucional, estructura  
de representación y legitimidad social. Desde esta perspectiva, la “radiografía  
constituyente” propuesta en esta investigación comprende los procesos cons-  
tituyentes como escenarios multidimensionales, donde convergen simultá-  
neamente tres arenas interdependientes: la arena política, vinculada a la co-  
rrelación de fuerzas, liderazgos y sistemas de partidos; la arena institucional,  
asociada a las reglas de deliberación, decisión y ratificación; y la arena social,  
relacionada con los niveles de participación ciudadana, movilización colectiva  
y legitimidad pública del proceso. En consecuencia, los procesos constituyen-  
tes no constituyen únicamente ejercicios jurídicos de redacción normativa,  
sino mecanismos complejos de reconfiguración del orden político y de rene-  
gociación de la legitimidad estatal.  
En términos comparados, los casos de Colombia (1991), Argentina (1994),  
Venezuela (1999), Bolivia (2006–2009), Ecuador (2007–2008) y Chile (2021–2022)  
muestran que las dinámicas constituyentes latinoamericanas posteriores a  
1990 se desarrollaron en contextos de crisis política, desgaste institucional o  
cuestionamiento profundo de los sistemas de representación existentes. Sin  
embargo, aunque los seis procesos forman parte de un mismo ciclo regional  
de transformación constitucional, las trayectorias nacionales presentan dife-  
rencias sustantivas respecto al nivel de pluralismo político, los mecanismos  
de participación social, el grado de concentración del poder constituyente y la  
relación entre secuencia electoral y deliberación constitucional. Estas diferen-  
cias permiten observar que no existe un modelo único de constitucionalismo  
latinoamericano contemporáneo, sino configuraciones variables de interac-  
ción entre liderazgo político, movilización social y diseño institucional.  
Uno de los elementos más relevantes identificados en la comparación corres-  
ponde a la relación entre secuencia constituyente y ciclo electoral ordinario.  
La evidencia comparada sugiere que la temporalidad del proceso constituye un  
74  
Radiografía constituyente: descripción de las arenas políticas,  
institucionales y sociales de los procesos constituyentes  
factor determinante para la estabilidad del pacto constitucional, la capacidad  
deliberativa del órgano redactor y la legitimidad pública del resultado final.  
La secuencia constituyente —entendida como el encadenamiento cronológico  
de convocatoria, elección de representantes, deliberación, armonización y ra-  
tificación— no opera de manera aislada, sino en permanente interacción con  
las disputas de la política ordinaria y con las transformaciones de la opinión  
pública (Ginsburg et al. 2009).  
Debe señalarse, sin embargo, que esta asociación entre temporalidad cons-  
tituyente, capacidad deliberativa y legitimidad constitucional emerge de la  
comparación de evidencia secundaria disponible para los casos analizados.  
Por tanto, la investigación identifica patrones recurrentes y regularidades ob-  
servadas en la literatura especializada, pero no pretende establecer relaciones  
causales unívocas ni aislar el efecto independiente de cada variable. La inter-  
pretación propuesta debe entenderse como una hipótesis comparativa respal-  
dada por la convergencia de múltiples estudios sobre procesos constituyentes  
latinoamericanos.  
En este marco, Venezuela (1999) y Ecuador (2007–2008) representan experien-  
cias de alta sincronía entre liderazgo presidencial y proceso constituyente.  
En ambos casos, las elecciones constituyentes se desarrollaron durante mo-  
mentos de máxima popularidad presidencial, al permitir la conformación de  
órganos constituyentes ampliamente dominados por las fuerzas oficialistas.  
Esta alineación temporal favoreció una elevada capacidad decisional y redujo  
significativamente los costos de negociación interna, debido a que las reglas  
de mayoría simple o absoluta permitieron aprobar rápidamente el conteni-  
do constitucional. Sin embargo, la elevada concentración del poder constitu-  
yente redujo los incentivos para la construcción de consensos interpartida-  
rios amplios y generó procesos caracterizados por una legitimidad altamente  
dependiente de la continuidad política de las coaliciones fundadoras. En este  
sentido, ambos casos reflejan formas de constitucionalismo mayoritario o  
plebiscitario, donde la legitimidad de origen derivada del respaldo electoral  
no necesariamente se traduce en legitimidad pluralista sostenida en el largo  
plazo.  
En contraste, Bolivia (2006–2009) evidencia los riesgos asociados a secuen-  
cias prolongadas bajo escenarios de elevada polarización política y territorial.  
Aunque el proceso boliviano incorporó altos niveles de participación indíge-  
na, movilización social y legitimidad popular inicial, la combinación entre re-  
glas supramayoritarias de aprobación por dos tercios y una estructura política  
profundamente fragmentada produjo bloqueos institucionales persistentes. La  
prolongación temporal de la Asamblea erosionó progresivamente la legitimi-  
dad procedimental y obligó a desplazar parte de la negociación constitucional  
hacia espacios extraparlamentarios y acuerdos congresales complementarios,  
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desarrollados a finales de 2008. El caso boliviano demuestra que las reglas  
orientadas a incentivar consensos amplios pueden producir efectos opuestos,  
cuando los actores políticos operan bajo dinámicas de polarización extrema y  
veto recíproco.  
El caso chileno (2021–2022) constituye, probablemente, la experiencia más  
ilustrativa respecto a la complejidad contemporánea de la legitimidad cons-  
tituyente. La Convención Constitucional chilena incorporó el conjunto más  
amplio y sofisticado de mecanismos participativos observados en la región:  
iniciativas populares de norma, audiencias públicas obligatorias, cabildos  
territoriales, consultas indígenas, encuentros autoconvocados, plataformas  
digitales abiertas y mecanismos permanentes de transparencia documental.  
Según Díaz (2023), se trató del proceso constituyente más participativo de la  
historia latinoamericana reciente. No obstante, la ampliación procedimental  
de la participación no logró traducirse en legitimidad sostenida del resultado  
constitucional.  
La experiencia chilena demuestra que la legitimidad constituyente constituye  
un fenómeno dinámico y variable, condicionado no solo por apertura parti-  
cipativa sino también por factores asociados a representación política, mo-  
deración institucional, expectativas sociales y capacidad de construcción de  
consensos transversales. La extensa duración del proceso —desde el acuerdo  
político de noviembre de 2019 hasta el plebiscito de salida de septiembre de  
2022— permitió la reconfiguración del escenario político y la transformación  
progresiva de las preferencias ciudadanas. Paralelamente, la sobreexposición  
mediática de la Convención y la percepción pública de radicalización progra-  
mática contribuyeron al deterioro de la confianza ciudadana, documentado  
por el Centro de Estudios Públicos (2022). El rechazo del texto constitucional,  
por aproximadamente el 62 % del electorado, evidenció que altos niveles de  
transparencia y participación no garantizan necesariamente legitimidad de  
resultado ni éxito plebiscitario.  
Frente a estos escenarios, Colombia (1991) emerge como uno de los casos más  
equilibrados de la muestra comparada. Aunque el proceso constituyente co-  
lombiano se desarrolló en medio de una profunda crisis estatal y altos niveles  
de violencia política, la Asamblea Nacional Constituyente logró articular plu-  
ralismo político, temporalidad acotada y mecanismos relativamente amplios  
de inclusión social. La denominada “Séptima Papeleta” canalizó una demanda  
ciudadana transversal de transformación institucional, mientras la estructura  
multipartidista de la Asamblea obligó a desarrollar dinámicas permanentes de  
negociación y cooperación política. A diferencia de otros procesos latinoame-  
ricanos posteriores, la constitución de 1991 no estuvo directamente subordina-  
da a un liderazgo presidencial hegemónico ni a un escenario de polarización  
plebiscitaria permanente. La ausencia de referéndum ratificatorio posterior  
76  
Radiografía constituyente: descripción de las arenas políticas,  
institucionales y sociales de los procesos constituyentes  
evitó además que el texto constitucional se transformara en un mecanismo de  
confrontación electoral coyuntural. En consecuencia, el caso colombiano evi-  
dencia que la estabilidad constitucional puede fortalecerse cuando el diseño  
constituyente combina inclusión pluralista, secuencia temporal relativamente  
breve y autonomía parcial respecto al ciclo electoral ordinario.  
Argentina (1994), por su parte, representa un modelo constituyente significa-  
tivamente distinto al ciclo refundacional andino. La reforma constitucional  
se estructuró fundamentalmente mediante acuerdos entre élites partidarias  
tradicionales, particularmente a través del denominado “Pacto de Olivos” en-  
tre Carlos Menem y Raúl Alfonsín. Aunque el proceso mantuvo niveles limi-  
tados de participación social directa y escasa movilización territorial, logró  
altos niveles de estabilidad institucional posterior, debido a la existencia de  
consensos interpartidarios relativamente consolidados y menores niveles de  
conflictividad antisistémica. Este caso demuestra que la durabilidad constitu-  
cional no depende exclusivamente de la intensidad participativa, sino también  
de la capacidad de las élites políticas para construir acuerdos institucionales  
relativamente estables.  
En términos generales, la evidencia comparada permite identificar una ten-  
sión estructural entre eficacia decisional, pluralismo político y legitimidad  
participativa. Los procesos altamente centralizados y dominados por mayorías  
oficialistas, como Venezuela y Ecuador, favorecieron rapidez deliberativa y co-  
herencia programática, aunque redujeron los incentivos para acuerdos trans-  
versales amplios. Los modelos sustentados en reglas supramayoritarias, como  
Bolivia y Chile, buscaron fortalecer consensos pluralistas, pero enfrentaron  
mayores riesgos de bloqueo institucional, fragmentación política o erosión de  
legitimidad pública. Finalmente, los casos de Colombia y Argentina muestran  
configuraciones más moderadas, donde el equilibrio entre pluralismo, nego-  
ciación y temporalidad relativamente acotada, favoreció mayores niveles de  
estabilidad constitucional de largo plazo.  
Asimismo, los patrones identificados deben entenderse dentro de los límites  
propios de una investigación comparada basada en un número reducido de  
casos y sustentada principalmente en fuentes secundarias. Si bien la estrategia  
permite identificar configuraciones recurrentes de interacción entre arenas  
políticas, institucionales y sociales, futuras investigaciones podrían profundi-  
zar estos hallazgos mediante evidencia primaria, análisis de élites constitu-  
yentes, estudios de opinión pública longitudinales o estrategias de rastreo de  
procesos orientadas a fortalecer la inferencia causal.  
La comparación regional permite concluir que la legitimidad constituyente no  
constituye una condición estática derivada exclusivamente de la participación  
electoral o de la apertura deliberativa, sino un proceso relacional y dinámico  
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que depende de la interacción entre arenas políticas, institucionales y socia-  
les. Asimismo, demuestra que mayores niveles de participación ciudadana y  
transparencia pública no garantizan automáticamente aprobación constitu-  
cional ni estabilidad posterior, del mismo modo que procesos más elitizados o  
pactados no necesariamente derivan en ilegitimidad estructural.  
7. Reflexiones finales  
Los hallazgos obtenidos sugieren que los procesos constituyentes no pueden  
explicarse adecuadamente mediante variables aisladas, como la participación  
ciudadana, la composición ideológica de las asambleas o el diseño institucio-  
nal considerado de manera independiente. En línea con los planteamientos de  
Elster (1995), Arato (2017) y Negretto (2020), la evidencia comparada indica que  
la dinámica constituyente emerge de la interacción simultánea entre factores  
políticos, institucionales y sociales. En este sentido, la principal contribución  
analítica de la radiografía constituyente consiste en mostrar que las configura-  
ciones específicas de estas tres arenas condicionan las oportunidades de nego-  
ciación, los niveles de inclusión política y las formas de legitimación constitu-  
cional. Más que identificar una variable causal única, los resultados sugieren  
que la trayectoria de los procesos constituyentes depende de la manera en que  
estas dimensiones se articulan en contextos históricos concretos.  
Uno de los aportes más relevantes de esta investigación consiste en identificar  
la tensión estructural entre la publicidad radical del proceso constituyente y  
la necesidad funcional de espacios de negociación política reservada. La ex-  
periencia chilena (2021–2022) demuestra que la transparencia absoluta puede  
producir efectos paradójicos sobre la deliberación constitucional: la exposición  
permanente de los debates, amplificada por redes sociales y medios digitales,  
incentivó dinámicas de performatividad política y grandstanding deliberativo,  
donde numerosos convencionales comenzaron a actuar prioritariamente  
frente a sus audiencias externas, antes que frente a sus interlocutores institu-  
cionales. En este contexto, la arena institucional perdió progresivamente ca-  
pacidad de procesar acuerdos estables, desplazándose desde una lógica de de-  
liberación estratégica hacia una lógica de competencia simbólica y validación  
identitaria. El caso chileno evidencia, por tanto, que la legitimidad procedi-  
mental basada en máxima apertura y transparencia no necesariamente forta-  
lece la eficacia deliberativa; por el contrario, puede erosionar la capacidad del  
órgano constituyente para construir consensos transversales, indispensables  
para la estabilidad del pacto constitucional.  
Los casos analizados sugieren que la mera convocatoria de una asamblea  
constituyente no garantiza la construcción de un nuevo pacto social. Más bien,  
la capacidad de producir acuerdos duraderos parece depender del grado de  
78  
Radiografía constituyente: descripción de las arenas políticas,  
institucionales y sociales de los procesos constituyentes  
inclusión efectiva de actores relevantes dentro de las arenas política, insti-  
tucional y social. Mientras Colombia (1991) logró articular un acuerdo rela-  
tivamente transversal entre actores previamente enfrentados, otros procesos  
evidenciaron dinámicas de exclusión o predominio mayoritario que limitaron  
la construcción de consensos amplios. En consecuencia, la radiografía cons-  
tituyente indica que la existencia de una asamblea constituye una condición  
procedimental para la renegociación del pacto político, pero no una garantía  
de su consolidación.  
A partir de ello, la investigación identifica una segunda paradoja central: la  
distinción entre legitimidad procesal y legitimidad de resultado. La evidencia  
comparada demuestra que altos niveles de participación ciudadana, inclusión  
identitaria y apertura institucional no garantizan automáticamente acepta-  
ción social sostenida del texto constitucional final. Chile representa el ejem-  
plo paradigmático de esta fractura: el proceso constituyente más participativo,  
transparente e inclusivo de la historia regional concluyó, simultáneamente,  
con el rechazo plebiscitario más contundente observado en América Latina  
contemporánea. Esto obliga a replantear uno de los supuestos normativos más  
extendidos del nuevo constitucionalismo latinoamericano: la idea de que una  
mayor democratización procedimental produce necesariamente mayor legiti-  
midad sustantiva. La radiografía constituyente demuestra que la legitimidad  
opera como un recurso dinámico, contingente y reversible, dependiente no  
solo de mecanismos de inclusión formal sino también de percepciones socia-  
les sobre moderación, gobernabilidad, estabilidad institucional y capacidad  
efectiva de representación.  
Asimismo, los resultados permiten matizar una premisa ampliamente exten-  
dida en la literatura contemporánea sobre innovación democrática y constitu-  
cionalismo participativo. Aunque diversos autores han destacado los efectos  
positivos de la inclusión ciudadana en los procesos de cambio constitucional,  
la evidencia comparada analizada muestra que la ampliación de los meca-  
nismos participativos no garantiza por sí misma mayores niveles de legitimi-  
dad política ni de estabilidad constitucional. Tal como sugieren Arato (2017),  
Landau (2013) y Ginsburg et al. (2009), la legitimidad constituyente parece de-  
pender menos de la intensidad de la participación que de la capacidad institu-  
cional para transformar demandas sociales diversas en acuerdos políticamen-  
te sostenibles. Los casos examinados muestran que la participación constituye  
una condición relevante para la legitimación democrática, pero sus efectos  
se encuentran mediados por variables, tales como la estructura de represen-  
tación, las reglas de decisión y la capacidad de negociación entre actores con  
preferencias divergentes.  
79  
En este marco, la radiografía constituyente propuesta permite observar que  
los procesos constituyentes latinoamericanos, posteriores a 1990, comparten  
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patrones recurrentes de organización política, institucional y social, aunque  
expresados mediante configuraciones profundamente diferenciadas, según  
cada contexto nacional. La principal utilidad analítica del modelo radica en  
descomponer sistemáticamente el proceso constituyente en arenas interrela-  
cionadas —política, institucional y social— lo que permite identificar dinámicas  
estructurales que frecuentemente permanecen invisibles cuando el análisis se  
limita exclusivamente al contenido normativo de los textos constitucionales.  
Desde esta perspectiva, la investigación demuestra que el nuevo constitu-  
cionalismo latinoamericano no se definió únicamente por la expansión de  
catálogos de derechos o por innovaciones normativas de carácter progre-  
sista, sino por una transformación más profunda en las formas de organi-  
zación, legitimación y disputa del poder constituyente. En la arena política,  
los casos analizados evidencian un patrón recurrente de emergencia cons-  
tituyente asociado a crisis de representación, debilitamiento de sistemas  
partidarios tradicionales y aparición de liderazgos o coaliciones capaces de  
canalizar demandas de reorganización institucional. Sin embargo, la compa-  
ración también demuestra que estas dinámicas no produjeron configuracio-  
nes homogéneas: mientras algunos procesos derivaron en arenas altamente  
fragmentadas y competitivas —como Colombia o Chile—, otros evoluciona-  
ron hacia esquemas de concentración política y hegemonía constituyente —  
como Venezuela y Ecuador.  
Paradójicamente, la evidencia comparada muestra que las asambleas constitu-  
yentes suelen surgir no en contextos de alta institucionalización democrática,  
sino precisamente en momentos de crisis de legitimidad de las instituciones  
existentes. En este sentido, la asamblea constituyente opera como un mecanis-  
mo extraordinario de reconstrucción de autoridad política, cuando los canales  
ordinarios de representación pierden capacidad de procesar conflictos socia-  
les. Este hallazgo coincide con los planteamientos de Arato (2017) y Negretto  
(2020), quienes sostienen que los procesos constituyentes contemporáneos  
suelen constituir respuestas institucionales a crisis de representación, más  
que expresiones de sistemas políticos plenamente consolidados.  
La radiografía constituyente permite observar cómo estas diferencias de con-  
figuración política condicionaron directamente las dinámicas deliberativas  
posteriores. La fragmentación partidaria, la distribución ideológica, la co-  
hesión de las coaliciones y la relación entre liderazgo presidencial y órgano  
constituyente, influyeron decisivamente sobre los incentivos de negociación,  
cooperación o bloqueo institucional. En consecuencia, el análisis compara-  
do evidencia que la arena política no constituye únicamente un antecedente  
contextual del proceso constituyente, sino una dimensión estructurante que  
condiciona la estabilidad futura del pacto constitucional.  
80  
Radiografía constituyente: descripción de las arenas políticas,  
institucionales y sociales de los procesos constituyentes  
En la arena institucional, el estudio identifica otro patrón regional significati-  
vo: la expansión de mecanismos extraordinarios de producción constitucional  
destinados a reforzar legitimidad democrática y diferenciarse de los procedi-  
mientos ordinarios de reforma. La proliferación de asambleas constituyentes  
electas, convenciones especializadas, plebiscitos aprobatorios y mecanismos  
participativos evidencia una transformación sustantiva en las formas institu-  
cionales de elaboración constitucional en América Latina. No obstante, detrás  
de esta convergencia regional coexistieron diseños institucionales profunda-  
mente distintos respecto a reglas de deliberación, sistemas electorales, cuó-  
rum de decisión y grados de rigidez procedimental.  
La comparación demuestra que las reglas institucionales operaron como ver-  
daderos mecanismos de distribución y concentración del poder constituyen-  
te. Los modelos basados en mayorías simples facilitaron rapidez decisional  
y coherencia programática, aunque redujeron incentivos para la negociación  
transversal; por el contrario, los esquemas supramayoritarios promovieron  
consensos más amplios, pero también incrementaron riesgos de bloqueo, des-  
gaste y fragmentación. La utilidad de la radiografía constituyente reside preci-  
samente en mostrar que ninguna regla institucional posee efectos universales  
o neutros: sus resultados dependen siempre de la interacción específica entre  
configuración política, contexto social y correlación de fuerzas dentro de cada  
proceso constituyente.  
Respecto de la arena social, el análisis identifica como rasgo distintivo del ciclo  
constituyente latinoamericano posterior a 1990, la creciente centralidad de la  
participación ciudadana y de la legitimidad democrática como fuentes de va-  
lidación constitucional. Los procesos constituyentes contemporáneos incor-  
poraron crecientemente movimientos sociales, organizaciones territoriales,  
pueblos indígenas, colectivos feministas, sectores académicos y mecanismos  
de deliberación pública, lo que desplazó parcialmente el monopolio tradicio-  
nal de los partidos políticos sobre la producción constitucional. Sin embargo,  
la investigación también demuestra que la expansión participativa no operó  
de manera homogénea ni garantizó legitimidad sostenida en todos los casos.  
La radiografía constituyente evidencia que la relación entre participación, repre-  
sentación y legitimidad es altamente contingente y multidimensional. Algunos  
procesos lograron articular movilización social con estabilidad deliberativa e in-  
tegración institucional; otros, en cambio, experimentaron deterioros acelerados  
de legitimidad, pese a niveles inéditos de apertura participativa. En consecuen-  
cia, la investigación permite concluir que la legitimidad constituyente no depen-  
de exclusivamente de mecanismos formales de inclusión o transparencia, sino  
de una interacción compleja entre expectativas sociales, eficacia institucional,  
moderación política y capacidad de construcción de consensos percibidos como  
representativos por amplios sectores de la sociedad.  
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La principal contribución teórica y metodológica de la radiografía constituyen-  
te consiste, por tanto, en ofrecer una herramienta analítica capaz de ordenar  
comparativamente experiencias heterogéneas de transformación constitucio-  
nal, mediante la observación integrada de sus arenas de disputa. El modelo  
permite superar aproximaciones exclusivamente normativas o textocéntricas,  
al incorporar variables políticas, institucionales y sociales que condicionan  
materialmente el ejercicio del poder constituyente contemporáneo.  
A partir de esta aproximación, la investigación concluye que los procesos cons-  
tituyentes latinoamericanos posteriores a 1990 se caracterizaron, en términos  
generales, por: i) emerger en contextos de crisis política o cuestionamiento de  
legitimidad institucional; ii) utilizar mecanismos extraordinarios de reorgani-  
zación constitucional; iii) ampliar las formas de legitimación democrática y  
participación social; iv) incorporar nuevos actores colectivos al debate cons-  
titucional; y v) desarrollar configuraciones variables entre pluralismo políti-  
co, concentración de poder y diseño institucional. Más que expresar un mo-  
delo uniforme de constitucionalismo regional, el Nuevo Constitucionalismo  
Latinoamericano aparece así como un ciclo heterogéneo de reconfiguración  
estatal, marcado por distintas formas de articulación entre representación po-  
lítica, movilización social y diseño institucional.  
Desde una perspectiva más amplia, la investigación aporta evidencia al de-  
bate sobre las condiciones que favorecen la estabilidad y aceptación de las  
constituciones democráticas. Los hallazgos coinciden parcialmente con los  
argumentos desarrollados por Ginsburg et al. (2009), quienes sostienen que  
los procesos constitucionales tienden a producir resultados más duraderos  
cuando incorporan mecanismos inclusivos de deliberación y negociación. Sin  
embargo, el análisis comparado realizado permite agregar un matiz relevante:  
la inclusión política no depende exclusivamente de la diversidad ideológica o  
de la apertura participativa, sino también de la existencia de arreglos institu-  
cionales capaces de traducir dicha diversidad en compromisos estables. En  
consecuencia, la investigación sugiere que la legitimidad constitucional no es  
el resultado automático de la participación ni de la representación, sino de la  
interacción equilibrada entre pluralismo político, diseño institucional y capa-  
cidad efectiva de construcción de consensos.  
Finalmente, la radiografía constituyente demuestra que los procesos consti-  
tuyentes deben entenderse como fenómenos multidimensionales, donde las  
arenas políticas, institucionales y sociales operan de manera simultánea, di-  
námica e interdependiente. Ninguna dimensión resulta suficiente por sí sola  
para explicar el éxito, fracaso, estabilidad o erosión de un proceso constitu-  
yente. Precisamente allí radica la principal fortaleza explicativa del modelo:  
en permitir una observación integrada de las dinámicas que estructuran el  
poder constituyente contemporáneo y en contribuir al desarrollo de estudios  
82  
Radiografía constituyente: descripción de las arenas políticas,  
institucionales y sociales de los procesos constituyentes  
comparados más complejos sobre constitucionalismo, democracia y transfor-  
mación institucional en América Latina.  
Debe señalarse que las conclusiones aquí presentadas derivan de una estra-  
tegia comparativa sustentada principalmente en fuentes secundarias, bases  
de datos especializadas y estudios de caso previamente desarrollados por la  
literatura. Por ello, los patrones identificados deben interpretarse como regu-  
laridades comparativas observadas en la evidencia disponible y no como re-  
laciones causales definitivas. Futuras investigaciones podrían complementar  
estos hallazgos mediante trabajo de campo, entrevistas a actores constituyen-  
tes, análisis de élites políticas o estrategias de rastreo de procesos orientadas  
a profundizar la comprensión de los mecanismos causales que vinculan las  
arenas política, institucional y social en los procesos constituyentes.  
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